Derivado de la tarifa –de 8.50 pesos- que se está cobrando en el transporte público, entre 150 y 170 transportistas han recurrido a un amparo federal, pues no podrán cumplir con los requerimientos de modernización de sus unidades, reveló Arturo Loyola González, representante de la Coordinadora del Transporte de Puebla. 

Agregó que los amparos corresponden a transportista de 20 rutas distintas. “Hay 175 compañeros de diferentes rutas que han recurrido a la protección y al amparo de la justicia federal, en ese sentido son compañeros de la M17, la ruta 25, 61, de la ruta 10, etcétera, son de manera individual”.

En entrevista para Intolerancia,  Loyola González explicó que ahora, los transportistas deberán esperar la resolución de las autoridades para conocer si se les concederá una suspensión provisional o definitiva. 

Loyola González reconoció que son cerca de 2 mil 200 los concesionarios que no cumplen con los requerimientos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT). Lo anterior, al recordar que el titular de la SMT, Guillermo Aréchiga –en días pasados- advirtió que no habrá prórroga para los concesionarios. 

Aunque dijo desconocer si el 13 de febrero –día que se vence el plazo de modernización- los compañeros transportistas saldrán a trabajar en sus unidades. “Los propios concesionarios se la tendrán que rifar, como se dice, para ver si ‘salgo o no salgo’, si salgo voy a correr el riesgo que me detengan’, pero si no, pues a ver qué es lo que pasa”, expuso.

Responsabilidad del gobierno dar herramientas de modernización

El representante de la Coordinadora del Transporte de Puebla manifestó que el gobierno estatal tiene la responsabilidad de “dotar de las condiciones necesarias a los propios concesionarios para que puedan prestar un servicio, en lo que es infraestructura y en lo que es las condiciones económicas para poder prestar un servicio”.

Agregó que los transportistas siempre estarán coadyuvando con el gobierno para poder prestar un servicio seguro para la ciudadanía, esto a través de las cámaras de videovigilancia, el GPS y los botones de alerta.  

A pregunta expresa sobre si las cámaras reducirán los asaltos a bordo del transporte público, Loyola González sentenció que lo deseable es que así fuera, sin embargo, este mecanismo no asegurará que este delito ya no ocurra. 

“Si así fuera, yo le aseguro que los concesionarios harían el esfuerzo inmenso, si con esto se abatieran los asaltos y robos, que todos sabemos son de cuatro a cinco asaltos diarios, y otros que ya ni siquiera se denuncian”. 

Denuncian apoyos en favor de ruta y transporte universitario

En otro sentido, Arturo Loyola González acusó que las empresas ADO y Estrella Roja –responsables de proveer del servicio de transporte a la BUAP y RUTA-  reciben de parte del Gobierno del Estado un subsidio, el cual ascendió a 476 millones de pesos en 2019, y que durante 2020 será mayor a los 500 millones de pesos. 

“La discriminación que existe con respecto a los apoyos que se dan de parte del gobierno a un número muy reducido de empresas (…) me estoy refiriendo a dos, ADO y Estrella Roja. Cómo es posible que a estas dos empresas se les otorgue todo este apoyo, y a cerca de 15 mil concesionarios, por el contrario no reciben ningún apoyo y sí deben subsidiar a discapacitados, a gente de la tercera edad y estudiantes". 

En este tenor Loyola González enfatizó que los transportistas no están contra los descuentos otorgados a estos sectores, pero refirió que el costo de estos apoyos “no debe de caer bajo los hombros de los propios transportistas”.