El presidente de Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, informó que en 2019 se dictaron 12 sentencias condenatorias en contra de feminicidas, y en lo que va del año se tienen pendientes seis, e indicó que no solo se trata de ver los asesinatos, sino de atender el tema de las ordenes de restricción, violencia patrimonial, entre otros.

Durante el Foro, "Los Desafíos del Debido Proceso Legal", que se realizó en la sede alterna del Congreso del Estado, organizado por la diputada María del Carmen Cabrera, aclaró que las cifras que manejan los medios en torno a los asesinatos de mujeres son distintos a los oficiales, y aclaró que no toda muerte violenta es un feminicidio.

Precisó que  existe responsabilidad mediática luego de catalogarse como feminicidio el asesinato de mujeres, y aclaró que la clasificación solamente corresponde a las autoridades que investigan el caso y definir si se castiga de 40 a 70 años de prisión en Puebla.

“Los medios de comunicación normalmente cuando reportan la muerte de una mujer lo hacen como feminicidio, es tarea de las autoridades investigadoras hacer esa captación de datos para las probables causas de esa muerte y judicializar el proceso, el numero que se maneja mediática se modifica al momento de los hechos”.

Aclaró que las  carpetas de investigación existen sobre presuntos feminicidios, corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hay 12 sentencias condenatorias.

Señaló que en éste año se encuentran seis sentencias pendientes por casos de feminicidio, y son los jueces quienes están estudiando debidamente el tema.

Comentó que en el caso del Tribunal se aplican protocolos de seguridad para las mujeres como la separación del domicilio conyugal y ordenes de restricción para que el presunto responsable de violencia no se acerque a la vivienda de la mujer y a la propia víctima.

En el acto inaugural destacó la importancia del sistema penal y el debido proceso legal por el cual se trabaja, a fin de garantizar la justicia para las personas en un proceso penal.