A través de un comunicado, la administración de Claudia Rivera Vivanco, informó que el pasado 20 de marzo se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional, con el fin de que sea el máximo tribunal quien defina si el gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal.
En este contexto, en días pasados el mandatario estatal anunció la salida de Lourdes Rosales Martínez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y en sustitución llegaría Carla Morales Aguilar, sin embargo, durante la sesión de Cabildo del 13 de marzo, la alcaldesa retiró el punto de la lista donde se haría oficial la allegada de Morales Aguilar.
En la demanda presentada ante la SCJN, el gobierno municipal alega que en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues señalaron que hacer lo contrario significaría violar la Constitución federal, al “imponer por la fuerza la decisión de alguno de los 2 órdenes de gobierno”.
Además, el ayuntamiento poblano solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, lo que representa que ambos órdnees de gobierno –estatal y municipal-, “deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran”.
En la querella, se solicitó también que este órgano judicial "declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana".
Finalmente, el comunicado del ayuntamiento que encabeza Rivera Vivanco apuntó que “se mantiene abierto en todo momento a la investigación objetiva y sin fabricación de pruebas de la corporación policial municipal, bajo el principio del combate a la corrupción y la dignificación de los cuerpos policíacos”.
