Al poner en duda las facultades de aprobación que realizó la LX Legislatura del Congreso de la iniciativa de Ley de Educación de Puebla que envió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el Consorcio Universitario, conformado por las instituciones de educación privadas con la mayor matrícula en el estado, lamentó que  afecte los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre las entidades educativas. 

Además, puntualiza que daña los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre las instituciones.

En un comunicado firmado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana (IBERO) y Universidad Madero (UMAD); reprobaron la acción de los diputados poblanos.

 

“La iniciativa presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y modalidades. Algunas de las obligaciones introducidas resultan excesivas, como que: los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro”, subraya el comunicado. 

 

Bajo ese panorama dictatorial, el Consorcio Universitario, deploró que la Ley de Educación de Puebla no reconozca la contribución a la cobertura educativa de calidad y con equidad, por proponer esquemas de simplificación o descarga de obligaciones para las entidades particulares consolidadas, como reconocimiento al esfuerzo para su desarrollo y mejora continua.

 

El documento, pondera, que la nueva ley no conoce los principios de simplificación; equidad entre diferentes tipos de instituciones; de excelencia, mejora continua y acreditación; ni del compromiso social de las instituciones particulares de educación.

 

Los títulos de las instituciones que conforman el Consorcio Universitario son reconocidos sin problemas en Estados Unidos y España, además de otros países del globo. 

 

Las nuevas reglas, acentúa, el documento vulnera también el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las propias universidades particulares y daña a el derecho a la obtención y gestión lícita de recursos.

 

“En el apartado de bienes muebles se vulnera el principio de legalidad, abriendo el paso a la incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Asimismo, contraviene el principio de libertad académica al establecer que, los reconocimientos de validez oficial de estudios: se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes”.

 

Los rectores de las principales universidades privadas de Puebla en el comunicado, destacan que la nueva Ley de Educación en Puebla deja expresamente la aplicación de diversas disposiciones al criterio de la autoridad educativa en turno, como la obligación de solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca.

 

“Ello que genera una carga administrativa excesiva para la autoridad, que no cuenta con los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para cumplir con todas las atribuciones. Esta situación provoca incertidumbre respecto a la aplicación de las leyes en función del gobierno en turno”.

 

 

En el comunicado valoran que para ofrecer educación de calidad únicamente es posible en un entorno normativo abierto y en un marco de libertades que garanticen a las instituciones particulares de educación centrar su labor en el trabajo académico y la mejora permanente, y no en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas.

 

“Los miembros del Consorcio Universitario hacemos un llamado a un diálogo incluyente en pos de la mejora de la calidad, la pertinencia social y una perspectiva humanista, en favor de estudiantes, sus familias y la sociedad”.

 

 

 

Las instituciones particulares de educación, específicamente las del Estado de Puebla, subrayan, ser aliadas del gobierno estatal y federal en la ardua tarea de impartir educación a toda la población. 

 

"Hemos trabajado siempre de manera cercana y colaborativa con la autoridad educativa, en beneficio de los estudiantes, sus familias y el bienestar de la comunidad poblana, entendiendo a la educación como factor clave y detonante del desarrollo con equidad en nuestro Estado, empeñando nuestros esfuerzos en coadyuvar a la cobertura 

educativa de calidad, para garantizar el derecho constitucional de las y los poblanos a una educación inclusiva, pertinente y de calidad".

 

Valoran que con base en lo anterior y dentro del marco de libertades que caracteriza a una sociedad como la nuestra, la participación ciudadana y la escucha de las voces de diversos actores sociales en las propuestas de ley es un ejercicio fundamental.

 

"Por ello, los miembros del Consorcio Universitario, hacemos un llamado al diálogo incluyente, en pos de la mejora de la calidad, la pertinencia social y una perspectiva humanista, en favor de estudiantes, sus familias y la sociedad".

 

La iniciativa, acentúan, prevé que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas, estatal y municipales, y por los particulares con autorización o con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal, sin que de la lectura del referido artículo ni en alguna otra parte de la iniciativa, se precise los alcances de la frase “forman parte del Sistema Educativo Estatal”; con ello se violenta el principio de legalidad, que tutela al gobernado para que jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.

 

"En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en 'saber a qué atenerse', 'cuáles son las consecuencias', respecto de la regulación normativa prevista en la ley y  a la actuación de la autoridad, pero al no establecerse o definirse los conceptos básicos, la omisión acarreará interpretaciones y alcances arbitrarios por parte de la autoridad en perjuicio de las instituciones privadas.

 

Además, ejemplifican, que la nueva ley establece que para el otorgamiento del porcentaje obligatorio de becas, se deberá atender los lineamientos que emita la autoridad educativa federal mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités. 

 

"Aquí la iniciativa comete un doble error, ya que la autoridad educativa federal no ha emitido dichos lineamientos (primer error) y, sin embargo, esta iniciativa ya establece la figura de comités para este propósito (segundo error), 'en los que participarán representantes de las instituciones de particulares', lo que además resulta en un proceso burocrático y poco efectivo, que no responde a la dinámica y a las necesidades de la educación del siglo XXI y puede ser también fuente de corrupción".