Este lunes, un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de declararse culpable por cometer los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
De acuerdo con Animal Político, la magistrada Isabel Porras Odriozola – titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México – concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron suficientes para sostener que el ex gobernador participó en un entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.
Por otro lado, revocaron el decomiso de más de 40 propiedades presuntamente ligadas a Duarte que se había ordenado como parte de la condena, pues la magistrada expuso que se trata de bienes de otros procesados que aun no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.
Esta resolución del Tribunal federal se da luego de la apelación que Javier Duarte promovió en contra de la sentencia condenatoria dictada el 26 de septiembre de 2018.
Este procedimiento se alargó más de un año porque Duarte de Ochoa recurrió a un amparo para que se le permitiera solicitar la revisión del procedimiento.
En la audiencia en la que se le dictó sentencia, el exgobernador del PRI se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”.
A cambio, logró que se le dictara la pena mínima y que, gracias a un acuerdo previo con la PGR, se le retirara el delito más grave que era el de delincuencia organizada.
Tiempo después, la defensa del exgobernador argumentó que las pruebas bancarias con las que se le acusaba de lavado de dinero habían sido obtenidas por la PGR, sin el aval de un juez, lo que incluso ha provocado que otros procesados del mismo caso terminen absueltos.
En ese sentido, la magistrada detalló que el propio Javier Duarte aceptó renunciar a su derecho de defenderse mediante un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose él mismo la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.
“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.
¿Qué prosigue para Javier Duarte?
Con la resolución emitida por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal deja la condena de 9 años de cárcel a Javier Duarte.
El castigo comenzó a aplicarse desde el momento en el que fue detenido, es decir, en abril de 2017, por lo que actualmente a Javier Duarte le restarían casi seis años para recuperar su libertad, es decir, a mediados de 2026.
Una vez que cumpla más de la mitad de su pena, en 2022, podrá iniciar los tramites para que su liberación se lleve a cabo de forma anticipada, pero para llegar a ese punto, dependerá de los jueces que revisen su caso.
Javier Duarte aún cuenta con otros procesos pendientes pero hasta ahora, esta es la única condena que lo mantiene privado de su libertad.
