La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación del estado, aprobada el 15 de mayo, al calificarla de “peligrosa”, interpuesta por 12 de los 41 legisladores.

A pesar de que se establece que para presentar una acción de inconstitucionalidad se necesitaban 14 firmas, el máximo tribunal aceptó el documento solamente con 12 firmas.

Fue el 1 de julio, cuando el máximo tribunal del país dio entrada al expediente 131/2020; aunque no se especifica el nombre de los legisladores, en días pasados, el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López, advirtió que acudiría a la SCJN, para lo cual necesitaba 14 firmas de sus compañeros.

La SCJN dio prórroga a causa de la pandemia por el Covid-19 para la presentación de documento.

Uno de los argumentos es que no hubo prácticas como parlamento abierto con la sociedad, ni participación de los padres de familia, al señalar que el Congreso local debió enriquecer la ley con opiniones, no transcribir “ciegamente la versión enviada por el Ejecutivo estatal”.

En los argumentos que se presentaron ante la corte, indican los diputados que lo que se aprecia es que la Ley es regresiva y no va hacia la modernidad de la educación.

Advirtió que el contenido busca el control académico burocrático de la educación, pero no habla de la calidad ni mejora, pero se entromete en el control de  cuotas que cobran las escuelas particulares.

Precisó que en la ley se elimina la certeza jurídica de la propiedad, ya que las instalaciones de todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas forman parte del Sistema Educativo, y se dejaron lagunas deliberadamente para permitir que en el futuro alguien pueda interpretar a su manera el documento, y quitarles el bien.

El diputado Oswaldo Jiménez López señaló que la Ley no aborda el acoso escolar que está siendo uno de los más severos problemas, y al no contemplarse en la legislación se permite que haya prácticas como el llamado bullying.

Cuestionó que en la reforma no se hable de la investigación, en si hay ausencia de propuestas, pero si se toca el tema de la fiscalización de la universidad pública, lo cual podría ser un tema político

El coordinador de los legisladores del PAN dijo que se combatiría la ley habrá comunicación con actores agraviados.

Expresó que habrá una alianza con la sociedad, pues Puebla está siendo usada por el gobierno federal como un laboratorio aprovechando para el control total de la educación por el número de universidades e instituciones de educación superior con que cuenta.

En tanto, el  Partido Revolucionario Institucional señaló que la Ley presentada por el partido en el poder es una ocurrencia que va en contra de los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues nadie puede ser privado de la libertad, propiedades y posesiones. “La propuesta es producto de una imaginación perversa y juguetona del partido Morena”.

Aseguró que nadie puede ser molestado en su persona sin fundamento o motivo, y los funcionarios públicos deben apegarse a lo que la Ley diga.

El Comité Directivo Estatal, respaldó la defensa que realizó la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local por la Ley de Educación, la cual es retrógrada y violatoria del marco legal y constitucional. “La Ley de Educación como muchas otras inadecuadas habrán de encontrar resoluciones en los tribunales. El Partido Revolucionario Institucional, con el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas habremos de iniciar, como él mismo lo ha dicho, controversias constitucionales”.