Después más de ocho años, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, reconoció que los Proyectos de Participación Social conocidos como PPS sí son deuda, ya que son compromisos de pago y, por lo tanto, pasivos que tienen que cubrirse.

Durante la discusión de la Nueva Ley de Presupuesto del Estado de Puebla, la legisladora al querer exhibir a la bancada de Morena se refirió al artículo 69 de la citada ley y cuestionó la redacción del mismo para la contratación de créditos, mismos que comentó, serán manejados como gasto corriente.

“Condenaron también los proyectos de prestación de servicios. Morena decía que eran fraudulentos y que era lo peor que un Gobierno podría hacer. La verdad es que ni siquiera sabían de lo que hablaban. No tenían idea de que era esa cosa extraña llamada proyecto de prestación de servicios”.

“Vean todos el segundo párrafo del artículo 69 del dictamen. Las obligaciones de pago que deriven de Contratos para la instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios que deban realizar las Dependencias y Entidades, serán consideradas Gasto Corriente…”.

“¡De cuándo acá una obligación es gasto corriente?. No señores, no pretendan ocultar lo evidente. Contraer una obligación de pago es un pasivo, es deuda. No pretendan engañar a la genta y engañarnos a nosotros.”

“Una obligación de pago adquirida en un contrato no es gasto corriente es deuda, es un pasivo, es una obligación de pago”.

Precisó “Tanto acusaron, tanto señalaron y ahora resulta que les gustaron mucho los proyectos de prestación de servicios que tanto atacaron y ustedes sí buscan generar una nueva ley para decir que es gasto corriente y que la gente no se entere que es deuda”.

Aprobada la reforma

Después de casi tres horas, se aprobó  la Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, remitida por el Ejecutivo del Estado, con la finalidad de establecer normas que promuevan la gestión de los recursos de forma óptima, responsable equilibrada y transparente, atendiendo a las circunstancias que vive la sociedad.

En la aprobación se modificaron los procesos de programación y presupuestación, así como del ejercicio y supervisión de los recursos, generando mayor eficiencia y transparencia en el sector público estatal.

Se aseguró que la nueva ley está acorde con las necesidades de la gestión gubernamental, lo que dará como resultado la mejora operativa en la administración pública de la entidad, promoviendo un estado de derecho y evitando las malas prácticas de los servidores públicos, ya que se fortalecerá la observación de los criterios de máxima publicidad, rendición de cuentas y racionalidad.

Luis Fernando Jara señaló que a través de esta nueva Ley que consta de 152 artículos, de los cuales 28 son adicionales a la ley vigente, se cubre el aspecto legal del nuevo Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), unificando la información y registro de gastos de todas las entidades del sector público estatal, lo que permitirá una mejor optimización de procesos y de recursos.

El legislador refirió que con el nuevo ordenamiento legal se crea un capítulo denominado, de los servicios personales, con la finalidad de alinear las atribuciones jurídicas que tiene la Secretaría de Planeación y Finanzas en la asignación de recursos en esta materia. Así como la incorporación de un capítulo denominado, del programa estatal de reducción del gasto público y de las medidas de racionalidad y eficiencia del ejercicio del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de plasmar disposiciones acordes con los objetivos de austeridad, eficiencia y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, entre otros.

Regulan la Ley de Condominios

Por otra parte, con el fin de garantizar la sana convivencia y la rendición de cuentas entre condóminos, en sesión virtual integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano de la LX Legislatura aprobaron por unanimidad el Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto presentado por el diputado Emilio Maurer Espinosa, por el cual se llevan a cabo reformas a la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, para hacer obligatorios las competencias y sanciones a los administradores o comités, que no cumplan con lo estipulado en esta Ley.

En la presentación de la propuesta, el legislador expuso que este Decreto tiene por objetivo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los administradores o comités de administración, quienes deberán de entregar recibos de las cuotas recaudadas, además de informar de manera bimestral sobre el estado de cuenta y uso de los recursos de los fondos de mantenimiento con el fin de mostrar un claro manejo de los recursos y evitar generar situaciones irregulares.

Para que esto pueda ser posible, se llevaron a cabo reformas a la fracción V del artículo 20, la fracción VII del artículo 36 y el Acápite y la Fracción VI del artículo 49, de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, en el que, además, se consideran sanciones para los administradores o representantes de los comités administradores, estipuladas desde las 50 a 150 unidades de medida y actualización vigentes.

En caso de que esta situación se presente, los condóminos que se sientan afectados podrán acudir ante la sindicatura del ayuntamiento en donde se encuentre asentado el condominio, para presentar la queja correspondiente y hacer valer el ordenamiento legal.