El proceso de investigación en contra de las extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Movilidad se mantiene a punto de concluir para denunciar a la Dirección de Administración y Recursos, señaló el titular de la Contraloría, José María Carmona Sánchez.

El responsable de la Contraloría expuso que del periodo de octubre de 2019 al 15 de febrero del 2021 se recibieron mil 279 quejas y denuncias de las cuales 864 son expedientes por omisión en la presentación de declaración patrimonial y el resto 415 quejas son contra funcionarios públicos.

En conferencia de prensa virtual, el funcionario ofreció el balance de las denuncias en contra de servicios públicos del ayuntamiento. 

Bajo ese panorama aclaratorio dijo que al interior de su dependencia están trabajando en la situación de Beatriz Martínez Carreño y Alejandra Rubio Acle. 

"Es importante mencionar que una vez que se abre una carpeta de investigación, tenemos que estar respetando el debido proceso que refiere cada una de estas investigaciones". 

Recordó que la investigación corresponde al periodo del 20 julio 2017 al 31 de agosto 2020, además identificaron varias irregularidades.

 

Sin revelar nombres de los presuntos implicados en esas acciones que abrieron el camino al despido de Martínez Carreño, indico que el ocho de septiembre de 2020, se notifica a la secretaría de desarrollo en comento el inicio de la auditoría bajo el oficio CMASACF068/2020.

Procedimientos para las autorizaciones y licencia o permisos, además la verificación a la recaudación de los ingresos derechos y aprovechamientos y condiciones son las irregularidades. 

Carmona Sánchez subrayó que el 14 de septiembre Ddsarrollo zurbano entregó la información y la auditoria verificó los trámites de anuncios, licencias de obra mayor, licencia de obra de suelo, licencias de uso de suelo específico, plan de manejo para disposición final de residuos de la construcción y regularización de la disposición final de los residuos de obras.

La  ontraloría analizó mil 475 expedientes identificando que más del 90 por ciento de ellos fueron observados y presentaron irregularidades como falta de actas constitutiva, alta de alineamiento y número oficial, carta de anuencia de vecinos colindante con local comercial, comprobante de pago sellado por la contraloría, dictamen de factibilidad de uso de suelo, dictamen de protección civil, perito responsable de la obra, por señalar sólo algunas irregularidades, precisó. 

Ahora la dirección de investigación realiza los últimos trabajos para deslindar responsabilidades y se comience el proceso de sanciones contra quienes resulten responsables. 

 

“Contamos con elementos suficiente para dar parte al área de investigación y recursos de este órgano interno a fin de que se inicien revisiones para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables”. 

En estos momentos advirtió se están desarrollando las actuaciones y diligencias, recopilando la información para que de alguna manera generar todo este documento para proceder como la ley establece. 

Sobre el caso de Rubio Acle indicó que únicamente tienen una investigación en la que están trabajando para aclarar la situación de la exfuncionaría. 

Numeraria: denuncias contra secretarías

Las secretarías con mayor índice de denuncias, reveló, son Seguridad Ciudadana (SSC) con 116 quejas, Secretaría de Gobernación con 51,  Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad empatan 45 y Tesorería suma 32 quejas.

En el segmento contra quien resulte responsable existe 26 quejas, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos suma 21, Secretaría General del Ayuntamiento tiene 15 quejas, Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) tiene 12 y la Secretaría de Administración acumula 12.

"Es importante mencionar las formas en las que las faltas son calificadas son por falta de diligencia en el servicio, incumplimiento de obligaciones, cohecho, nepotismo, desvío de recursos, acoso laboral y/o sexual, hostigamiento laboral y robo o extravío de armas de fuego", subrayó.

Acentuó en que si los actos denunciados no son graves, el procedimiento se queda en la Contraloría, pero si los elementos dan para definir una falta grave el procedimiento se trasladan al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. 

Recordó que la confidencialidad del quejoso está garantizada por la ley de datos personales a favor de los sujetos obligados.