El secretario de Seguridad Pública estatal, Ardelio Vargas Fosado, es quien debería de salir del gabinete, coincidieron en señalar organismos no gubernamentales y académicos universitarios, por la violación constante de derechos humanos, uno de los mayores problemas generados en el primer año de labores del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Cabe recordar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió dos recomendaciones contra Vargas Fosado en lo que lleva de la administración, por abuso de autoridad durante una manifestación y un desalojo de campesinos.

Alberto Guadarrama Hernández, integrante de Convicción Mexicana por la Democracia, recordó que 35 organizaciones no gubernamentales (ONG) acudieron al Congreso local para que se vigile el actuar de Vargas Fosado.

En el recinto legislativo denunciaron que es el máximo represor de Puebla, por lo que pidieron a los diputados locales tomar atención directa y asuman su responsabilidad para que se privilegie el ejercicio de los derechos universales y garantías constitucionales.

“Hacemos el llamado a Moreno Valle para que lo tenga vigilado porque los poblanos no nos merecemos ese trato, las violaciones que ha hecho a la Constitución son cada 24 horas”, dijo en su momento el activista.

“Ardelio Vargas tiene unas ‘banderas negras’, tiene unas ‘credenciales de golpeador’ y eso no le da el derecho de ser el máximo represor de Puebla”, por lo que consideraron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de intervenir.

“Han sucedido actos evidentes de represión por parte de las autoridades en materia de seguridad en contra de diversos grupos sociales que han manifestado popularmente sus reclamos hacia las entidades de gobierno. Los representantes de estas organizaciones presentamos estas peticiones formalmente la mañana de ayer en la Secretaría General del Congreso del estado.”

Israel Sampedro Morales, representante de la Red de Defensa de Derechos Humanos (RDDH), indicó que la actuación del funcionario en estos meses fue calificada con un 3 en una escala de 10.

“Un ejemplo claro de violación a las garantías individuales es lo ocurrido en Chignahuapan, donde policías estatales realizaron un desalojo en el predio conocido como Cieneguilla.

“Esto derivó en una recomendación de la CDHEP dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que en lo futuro se sigan dando ese tipo de prácticas, la que ni siquiera consideró.”

Recordó que desde que se anunció que el priista se integraría al gabinete de Rafael Moreno Valle, quedó claro que su perfil como director del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) derivaría en violaciones de derechos humanos.

“El gobierno del estado a todo lo que se llame disidencia, a todas las personas que expongan una postura crítica ante las políticas actuales, es probable que se gane como tal una posible represión”, señaló.

Sampedro Morales pidió que el gobernador realice una reestructura en el gobierno porque persisten las mismas prácticas de corrupción y burocratismo que se registró en anteriores administraciones.























“¡Fuera, fuera!”
Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) y visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, indicó en entrevista que Vargas Fosado es el mayor candidato para abandonar el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tras su primer informe de gobierno, por actuar más como represor contra los ciudadanos.

“Es necesario ver hasta dónde el gobierno del estado nos muestra una cara sensible respecto a la situación que las autoridades de la Comisión están investigando y recomendando.”

Dijo que esta represión ha superado su trabajo en el combate a la delincuencia, al recordar también la represión contra campesinos de Chignahuapan hace unos meses.

“Uno de los aspectos que más preocuparía al ciudadano es la posibilidad de que se abra una queja, pero habiendo un resultado a favor de los afectados, ¿cuál va a ser la actitud de la autoridad para aceptar o no esas recomendaciones?

”Creo que es necesario que la postura de la Secretaría de Seguridad Pública estatal sea en términos de reparar las violaciones, de buscar que los afectados realmente reciban una satisfacción en cuanto al daño causado.”

Señaló que por el bien del gobierno se debe cambiar la imagen de una institución represora, con mal uso de la autoridad o uso arbitrario de la fuerza pública.
Ardelio Vargas —dijo— debería aplicar “mano dura” a los integrantes de la delincuencia organizada y resguardar al estado de los problemas de narcotráfico que se viven en los vecinos estados.

“Los ciudadanos lo único que reclaman es un derecho a manifestarse, derecho a señalar lo que considera que debe serle resuelto. Me parece que sería un candidato a salir, y el gobernador del estado podría planteárselo después de su informe.

”Debe hacer un cambio en esta área, porque creo que los ciudadanos lo que necesitan en este momento son autoridades que nos garanticen y que nos den seguridad, y no funcionarios de los que sólo podemos esperar una actitud de delincuentes.”














Recomendaciones
Fue a finales del 2011 cuando la CDHEP emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, por la violación de garantías y lesiones en contra de 31 campesinos de Chignahuapan.

De acuerdo a los hechos constatados en 97 diferentes evidencias evaluadas por la CDHEP, 31 personas resultaron lesionadas —cuatro con lesiones que tardan en sanar más de 15 días—, quienes relataron que policías los desalojaron utilizando gas lacrimógeno, proyectiles de goma y macanas, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad.

El organismo informó tuvo conocimiento que 302 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ingresaron el 23 de agosto de 2011 a las 6:00 horas al predio conocido como La Cieneguilla, de la fracción quinta de la hacienda de Atlamahac.

Llegaron a este lugar ubicado en la junta auxiliar de Ciénega Larga, Chignahuapan, para realizar un desalojo sin existir orden judicial emitida por una autoridad competente, lo que provocó un enfrentamiento con las personas que se encontraban reunidas.

Resultado del enfrentamiento, elementos de la PEP incurrieron en uso de la fuerza pública, desproporcionada a los actos cometidos por los habitantes de la comunidad; además de que no justificaron la causa o motivo legal por el que entraron a realizar el desalojo.

Derivado del análisis de este asunto y de las evidencias que integran el expediente, la CDHEP detectó que los elementos que intervinieron en los hechos violentaron los derechos humanos, incurriendo en un abuso en el desempeño de sus funciones.

Por lo anterior, la comisión recomendó al secretario de Seguridad Pública reparar el daño ocasionado a los 31 afectados, mediante la atención médica y victimológica que requieran, por las lesiones que se les ocasionaron.

Asimismo, se pidió emitir una circular a los elementos adscritos a esa secretaría, para que los instruya a actuar siempre con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales, firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Además de esto, se le recomendó a la dependencia brindar capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos involucrados en los hechos para evitar actos que violen los derechos y libertades fundamentales.

Por último, se pidió a la Secretaría de Seguridad Pública dar vista a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado para que inicie los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados en las acciones antes descritas.

“Para la CDHEP, la labor de la autoridades de seguridad pública es de trascendental importancia para la sociedad, ya que la ciudadana deposita su confianza en éstas, lo que hace necesario que sus acciones estén apegadas a lo que dicta el orden jurídico vigente”, señala el informe.

Otra recomendación por abuso de autoridad fue la emitida bajo el número 41/2011 por uso excesivo de la fuerza tras la represión de manifestantes a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, contra quienes se utilizó gas lacrimógeno.

“Del estudio realizado a los hechos y evidencias que integran el expediente citado al rubro, queda de manifiesto que se vulneraron los derechos humanos y seguridad personal, al haber causado a los quejosos afectaciones en su integridad física, por un uso excesivo de la fuerza pública, por parte de los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal de Puebla, tal como se verá a continuación”, señala el expediente.

“No debemos perder de vista que los actos que nos ocupan son el uso de la fuerza excesiva, así como, el maltrato, las lesiones y golpes y que como puede verse del material que este Organismo recabó de los medios de comunicación en un CD y un videocasete formato VHS.

”(…) se recabó información testimonial (…) fue lanzado gas lacrimógeno en la calle 24 sur a la altura de la 11 Oriente, mismo que provocó tanto en estudiantes de la Primaria Oficial ‘Belisario Domínguez’, como a personas que se encontraban en dicho lugar dificultad para respirar, irritación de ojos, o casos más graves como el de la Menor ‘A’, edema pulmonar.

”Al respecto de la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, debe señalarse que aún suponiendo sin conceder (…) la utilización del gas lacrimógeno, que en efecto la acción de la autoridad señalada como responsable se justificara con el fin de resguardar los derechos y garantías de las personas e instituciones (…) no se informó de algún otro medio no violento utilizado para efecto de evitar el uso de la fuerza ejercida (aplicación de gas lacrimógeno).”

Contra periodistas
Hace algunas semanas, a la redacción de Intolerancia Diario llegó una grabación en la que se escucha a Ardelio Vargas Fosado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ordenar reprimir a un grupo de reporteros que cubrían un violento desalojo de integrantes de la UNTA, en Chignahuapan.

Las voces son del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado (Ardelio), del subdirector Segismundo Doguin Garay (Doguin), del director de la Policía Estatal Preventiva, Ricardo Ariel Vera Lira (Vera), además de un elemento de la Policía Estatal (PE).

PE: Líder, líder, son del pueblo, de aquí de Chignahuapan.
Ardelio: Pues no creo.
Doguin: Está bueno, al rato le regresas sus cámaras, nada más sin video.
Doguin: Sí, van a echar pedos, pero ni modo.
Doguin: Se identificaron como prensa o nomás andaban por ahí, nosotros no sabíamos ni quiénes eran.
Vera: Jefe, no sabíamos quiénes eran pero todo mundo nos atacaba, no sabíamos si eran buenos o malos, haciéndole al “politichino” escondiéndose entre los matorrales.
Doguin: ¿Y nosotros no los filmamos a ellos?
Vera: No, jefe, no hubo tiempo, hubiera visto, estuvo muy grueso.
Vera: Jefe a los carros los coyotes, este problema ya se acabó.
Ardelio: Líder.
Vera: Adelante señor.
Ardelio: A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórreles toda la imagen que tienen. De tontos nos van a acusar si se las devolvemos, ¡que chinguen a su madre! Nos agredieron, también eran parte de ese grupo.
Vera: Sí señor.