Fueron despedidos del ayuntamiento cuatro funcionarios municipales por “filtrar” información a líderes de comerciantes informales en la zona del Centro Histórico, para protegerse y evadir los operativos de inhibición de comercio ambulante en las calles de la ciudad.
Tras un operativo contra la instalación irregular de este tipo de comercio, la Secretaría de Gobernación informó que dos de estos cuatro elementos pertenecían a la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial, sus nombres son Benito Jorge Torres Olmos y Víctor Hugo Texca Rendón; mientras que los otros dos fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), de nombres Javier Cesáreo Díaz Pérez y Leopoldo Cervantes Segura.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Pablo Montiel Solana, confirmó que estos servidores públicos les dieron el famoso “pitazo” a los informales provocando que en el operativo de inhibición no se encontrara a ningún ambulante en la zona de la calle 16 Poniente, entre 3 y 5 Norte. El funcionario infirmó que en lo que corresponde a los exservidores de Normatividad, se les ha iniciado un proceso ante Contraloría, a fin de que reciban la sanción correspondiente, al mismo tiempo fueron cesados de sus funciones de manera inmediata.
Mientras que los elementos de la SSPTM se les ha iniciado un proceso ante Asuntos Internos con el objetivo de establecer la sanción correspondiente. Cabe señalar que en el operativo los vendedores ambulantes decidieron retirarse de manera pacífica, sin embargo al momento de que Tránsito municipal procedió a retirar vehículos de zona prohibida para estacionarse, un grupo “de choque” agredió a los elementos de seguridad.
Ante el ataque, los elementos policiacos repelieron la agresión actuando en todo momento dentro del marco del procedimiento para estas situaciones de riesgo. Por este motivo se inició una averiguación previa 1392/2012/7APUE contra Guillermo López, líder de la agrupación Fuerza 2000, así como algunas personas más que están identificadas por resistencia de particulares, lesiones dolosas, asociación delictuosa y amenaza contra los servidores públicos que actuaron en el operativo.
