Después del paro de “brazos caídos” que encabezaron empleados sindicalizados del ayuntamiento previo al segundo informe del presidente municipal, Eduardo Rivera, la administración municipal iniciará los procesos administrativos que pueden terminar en el despido de los “paristas”.
Lo anterior, fue anunciado por el síndico municipal, Ernesto Bojalil Andrade, aseguró que el paro de “brazos caídos” que realizaron ayer los sindicalizados violó la ley laboral vigente, pues no hay ningún emplazamiento a huelga autorizado por tribunales para llevar a cabo una movilización de esta naturaleza.
Indicó que la suspensión de labores que se llevó a cabo en diferentes oficinas del gobierno municipal es motivo para aplicar las sanciones correspondientes que pueden terminar en el despido de los trabajadores.
El abogado del pueblo destacó que solo se puede realizar un movimiento laboral de esta naturaleza siempre y cuando esté reconocido por la autoridad competente, en este caso el Tribunal de Arbitraje del ayuntamiento.
Detalló que la suspensión de funciones de los trabajadores en su esencia tuvo un trasfondo político lejos de ser un derecho laboral, por lo que se actuará defendiendo el derecho que asiste a la comuna.
Precisó que se han comenzado a recabar las pruebas en cada una de las dependencias donde se tuvo el reporte de la suspensión de los trabajos, por lo que esto puede derivar en del despido y liquidación de quienes abandonaron sus lugares de trabajo.
Bojalil Andrade destacó que la principal consecuencia en contra de la autoridad municipal que se genera con la suspensión de labores, es que se afecta el otorgamiento de servicios básicos a favor de los ciudadanos, situación que es grave.
Precisó que la ley marca que cualquier movimiento de suspensión de labores que no sea declarada legal, puede dar motivo a una rescisión de contrato de los trabajadores sin ninguna responsabilidad hacia el ayuntamiento.
“Si nosotros encontramos elementos de que hubo una suspensión de labores sin ninguna justificación que lo amerite, se puede despedir a los empelados que formaron parte del movimiento.”
Además, aseveró que dentro de la ley de responsabilidades laboral establece que la Contraloría municipal cuenta con las facultades para sancionar provisionalmente a los empelados que sean objeto de alguna investigación, por lo que se pueden suspender de sus labores hasta llegar hasta la destitución definitiva.
En este tenor, el síndico municipal reiteró que desde el día mismo del paro laboral se iniciaron los procesos administrativos a través del levantamiento de actas que se realizaron en diferentes dependencias como Catastro, Tesorería y palacio municipal.
Al final, llamó al líder sindical, Israel Pacheco Velázquez que por la vía del diálogo se mantengan los acercamientos con la dependencia autorizada para negociar un incremento salarial y se eviten este tipo de situaciones.
