Luego de que la Secretaría de Gobernación municipal sostuviera reuniones con autoridades de centros educativos que fueron clausurados simbólicamente por irregularidades, se otorgó un plazo de 30 días para que regularicen su situación.

De hecho, a raíz de la clausura simbólica de 32 instituciones educativas, al menos 60 por ciento de ellas comenzó a regularizarse, por lo que las que no se pongan al corriente en el plazo establecido serán objeto del cierre definitivo de sus instalaciones.

Esto lo sentenció el titular de la dependencia, Eduardo Alcántara Montiel, tras sostener que las escuelas que habían sido notificadas sobre la falta del refrendo de sus licencias de funcionamiento, uso de suelo y sus programas internos de protección civil han comenzado a acercar a las autoridades para realizar sus trámites.

“La intención de estas medidas es solamente para que las escuelas se pusieran en regla sobre requerimientos básicos que, sobre todo, tenían que ver con garantizar la seguridad de los alumnos y que éstas funcionaran dentro de la ley.”

El funcionario municipal recalcó que esta medida al final dio el resultado esperado para que estas instituciones que carecían de estas medidas se pusieran en orden, pero sin llegar a posiciones radicales.

Aseguró que los padres de familia de los alumnos de estas escuelas se han hecho solidarios con las autoridades para exigir a los responsables de las mismas garanticen todas las normas de seguridad.

“Estamos tomando estas medidas en solidaridad de los padres de familia, para que exijan a las autoridades de las instituciones educativas que los centros educativos cumplan con las normas de seguridad en las instalaciones donde dejan a sus hijos.”

Alcántara Montiel reiteró que estos procedimientos están enfocados a evitar desgracias como las que han ocurrido en otras entidades del país, en donde no se tenían las medidas de seguridad necesarias para atender algún tipo de contingencia.

El encargado de la gobernabilidad de la ciudad recalcó que se trata de un asunto de corresponsabilidad tanto de los padres de familia, de las instituciones educativas como de las autoridades.

Por lo tanto, sentenció que se mantendrá un plazo de 30 días para que las escuelas que tienen un proceso administrativo abierto se pongan al corriente de estos requerimientos antes de llegar a las clausuras generales de sus instalaciones.

Detalló que al momento, 60 por ciento de las 32 escuelas que fueron clausuradas simbólicamente pagaron sus multas económicas de 50 a 300 días de salario mínimo y han comenzado a ingresar la documentación para regularizar su situación.

“Qué mal que sólo con este tipo de procedimientos las instituciones educativas hayan tomado las medidas necesarias para cuidar la integridad de los alumnos por lo que mantendremos estos procedimientos que son legales.”

Por ello, advirtió que aquellas escuelas que no acaten estas disposiciones serán objeto de las clausuras de sus inmuebles.