Los regidores del Cabildo de Puebla aprobaron por unanimidad turnar a comisiones unidas la propuesta de reforma al Código Reglamentario Municipal, que protege a niños en situación de calle para que no sean explotados en diferentes avenidas y cruceros de la ciudad.

En sesión de Cabildo, los regidores propusieron que este dictamen se turne al Congreso del estado para que se tome en cuenta su integración al Código de Defensa Social, para dar mejores resultados.

La intención es perfeccionar, adherir y mejorar los mecanismos legales por los cuales se aplicarán las sanciones correspondientes a los adultos que se aprovechen de la mendicidad para obtener ingresos económicos a costa de los menores de edad.

Al respecto, el regidor independiente Carlos Ibáñez Alcocer destacó que las autoridades no pueden ser ajenas a este problema social que atenta contra la dignidad de los menores de edad que son utilizados para esta actividad.

El cabildante precisó que este proyecto de ley deberá llegar hasta el Congreso del estado para que a través del Código de Defensa Social se pueda reforzar esta reforma legalmente, para proceder en contra de los responsables.

Por ello, una vez que se perfeccione, esta reforma será presentada a los diputados locales para que analicen integrar esta medida a esta instancia legal, para reforzar su eficacia.

Dicha reforma establece arresto de 36 horas al padre, familiar, tutor o toda persona que se encuentre mendigando acompañado de un menor de edad, sin derecho a fianza.

A partir de ahora, en el momento en que se detecte un posible acto de explotación o mendicidad, se pueda detener a la persona por un tiempo de 36 horas, donde los representantes del DIF podrán iniciar una investigación y determinar si se trata de un delito ya sea federal o estatal.

También, se logra definir la figura legal de mendicidad, la cual, de acuerdo al proyecto de reforma, “se define mendicidad como la acción de solicitar dinero o el favor de otras personas en lugares públicos para sustentar su forma de vida parcial o temporalmente sin fin de explotación”, es decir, el pedir limosna ya está catalogado como delito.

Además, se adiciona la palabra “supuesto acompañante”, pues en varios de los casos que el DIF detectaba, el adulto evadía su responsabilidad de posible explotación infantil al asegurar que el menor nunca pedía el dinero sino el padre o tutor, y que el menor solo lo acompañaba, evitando que se aplicara la ley.