El ayuntamiento asume la responsabilidad de enfrentar varios juicios heredados de pasadas administraciones, que suman cerca de 300 millones de pesos, reveló el alcalde Tony Gali Fayad.
En el municipio, dijo el munícipe, recibieron varias “bombas de tiempo”. La primera fue la de los parquímetros, que si la hubieran perdido, hubieran pagado 800 millones de pesos en 2014, por lo que no se hubiera podido hacer obra pública.
Gali Fayad también afirmó que tienen otros juicios que no fueron atendidos con la prioridad que se requiere en los trienios anteriores, “pero la administración actual las retomará con total responsabilidad”.
Reveló que cuando un juez te cita como municipio para que presentes información de algún tema, es obligación del síndico o de los abogados llegar al Juzgado y presentar las pruebas necesarias y darle seguimiento.
Porque cuando no se realiza de esa forma, aclaró, se descuida y son bombas de tiempo que les rebota a los que llegan al gobierno, como en el caso de los terrenos de San Baltasar Campeche, que estaba perdido y ahora se resarcirá el daño a los ejidatarios.
Ante eso, reveló que la desincorporación del predio para pagar a ejidatarios de San Baltasar Campeche es un primer paso para consolidar las negociaciones. “Con las que vamos bien, pero es un tema heredado, el litigio ya se había perdido”.
Recordó que esos terrenos de San Baltasar Campeche se tomaron de manera arbitraria, porque no hubo una expropiación, sino que se construyó una avenida, por lo que los afectados presentaron la queja.
Gali Fayad aseguró que su gobierno agarró un juicio perdido donde obliga al municipio a reponer la cantidad de casi 15 millones de pesos. “Nosotros somos un municipio responsable, ya ante el Juzgado se hizo un deposito de 500 mil pesos como garantía y les ofrecimos un predio de tres hectáreas, que vale mucho más”.
Si los ejidatarios lo aceptan, afirmó, pueden avanzar en la solución total del problema, porque de lo contrario la comuna puede meter a remate el predio, recibir el pago y subsanar el problema.
Otro conflicto que está en trámite de resolverse, reveló el edil de la ciudad, es el de la junta auxiliar de La Resurrección, donde la autoridad remodeló el espacio pero apareció un supuesto dueño que quiere quedarse con el parque.
Ante eso, Gali Fayad aseguró que todo lo que sea zona arqueológica, prehispánica y colonial es propiedad de los poblanos, por lo que ningún particular puede hacer uso de ello. “Ya le pedí al secretario de Gobernación que intervenga para resolver el tema de manera inmediata”.
Otros problemas similares, reveló el alcalde capitalino, sucedió en San Francisco Totimehuacán y en el cerro de Amalucan, donde el INAH tomó posesión de una parte, pero ya se acercaron con las autoridades federales para ver qué se hace al respeto.
“Definitivamente es patrimonio de los poblanos, platicaremos con los dueños y siempre vamos a llegar a un acuerdo, son espacios públicos que debemos permitir que lo disfruten todos los poblanos”.
Caso San Baltasar Campeche
Fue en el año 2009 cuando el gobierno de la ciudad, entonces encabezado por Blanca Alcalá Ruiz, ocupó predios con una extensión de una hectárea para construir el bulevar Nezahualcóyotl, en San Baltasar Campeche, sin que previamente se emitiera un decreto de expropiación.
La obra afectó a un total de 165 ejidatarios, quienes recurrieron a un amparo para lograr una indemnización, el cual está radicado en el expediente 500/2009 del Poder Judicial de la Federación.
Desde entonces las anteriores administraciones municipales “pagaron sumas cuantiosas” y litigaron el caso, comentó el síndico Héctor Sánchez.
A un año de gobierno
Con los empresarios poblanos, dijo Tony Gali, seguirán trabajando de la mano y las puertas de la presidencia municipal están abiertas. “Seguiremos trabajando de la mano con los organismos empresariales, con las universidades y la sociedad en general”.
Tome nota
La idea, reveló el alcalde Gali, es seguir con el pliego de sugerencias para que le vaya bien a Puebla, gracias al esfuerzo que los empresarios y los tres órdenes de gobierno hacen, en coordinación con los colegios, las universidades y los organismos empresariales, “vamos a seguir con esta temática”.
El dato
La sentencia sobre el caso San Baltasar Campeche obliga al ayuntamiento a realizar una indemnización por 14 millones 911 mil 405 pesos a 165 ejidatarios, y fue emitida el 24 de octubre del año pasado por el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, del sexto circuito, Francisco Javier Cárdenas Ramírez.
