Ante la crisis económica que se vive en territorio nacional, reflejada en el incremento del precio de productos de la canasta básica, inalcanzable para  la clase trabajadora; el aumento de la delincuencia en la entidad; la imparable ola de feminicidios y los presos políticos, han sido los motivos de la marcha de la UPVA 28 de Octubre por las calles de la capital.

Durante la protesta, que comenzó en el mercado Zaragoza y llegó hasta el zócalo, el contingente exigió también el cierre del proceso en contra de la dirigente moral de la organización, Rita Amador López.

Amador López destacó que la administración estatal debe liberar a sus presos políticos porque se ha demostrado que no cometieron ningún ilícito, además, detalló que en el caso de Fernando Alonso Rodríguez, no encuentran a la parte acusatoria, “los policías que acusaron a uno de nuestros compañeros ya no aparecen, seguramente porque no tienen las pruebas que aseguraron en su momento”.


El dirigente de la organización de vendedores informales, Tonatiuh Sarabia Amador, destacó que el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) notificó que las personas que lo denunciaron no han sido encontradas, por lo que Alonso Rodríguez suma un poco más de dos años en el reclusorio sin que avance su proceso. 

“No aparecen los policías que lo denunciaron, no aparece nadie, pero el cinismo de las autoridades, es lamentable porque nos han pedido que la 28 los localice, ya no saben cómo hacerle para alargar una condena que no deben purgar”. 

Al referirse al caso de Xihuel Sarabia Reyna, señaló que están a la espera de que le den la respuesta de la apelación presentada contra la sentencia condenatoria de cuatro años ocho meses por orden del juez penal de Cholula, pero a los tres meses de encarcelarlo  de manera dudosa se declaró incompetente para continuar con el proceso.

“Eso se aplica de manera retroactiva porque si no también tendría que haber sido incompetente para dar la orden de aprehensión, ya que con base en ello lo están sentenciando de forma irregular”, subrayó.

Recordó que la Fiscalía siempre indica parte de la verdad porque nunca quiso reconocer ante la opinión pública que Rubén Sarabia Sánchez y Rubén Sarabia Reyna ya habían ganado sus dos amparos por los delitos “sembrados por la e PGE, ahora FGE, además que la Fiscalía mantiene ilegalmente en el Cereso a los presos políticos que faltan de salir libres”.

Las irregularidades del proceso acusatorio, indicó, dan a Xihuel la oportunidad de conmutar su caso para alcanzar su libertad con un pago, que definitivamente no lo efectuará la organización porque “sería” aceptar los delitos que la propia administración estatal “le plantó”.

Xihuel lleva aproximadamente un par de años preso en San Miguel por un supuesto delito de narco menudeo que “se apeló y ganó con el amparo que no han tomado en cuenta nuestras autoridades judiciales”.

Sarabia Amador explicó que las irregularidades del proceso acusatorio de Xihuel se corroboran con la sentencia que tuvo que aplicarse desde el pasado 29 de junio, en ese marco, recordó que Sarabia Reyna se encuentra preso desde diciembre del 2015.

“Si se paga la fianza a la que tiene derecho sería aceptar que es culpable de los delitos imputados, ni él ni nosotros como organización aceptamos ese hecho, por lo que ya se está trabajando en ello porque no es posible que nuestras autoridades estatales pasen por alto un fallo emitido por la autoridad federal”.