Ante las acciones del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta por atentar en contra del rector Alfonso Esparza Ortiz, su familia y de funcionarios universitarios, el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) emitió una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar que intervengan. 

El máximo organismo prioriza en el documento que el rector es objeto de acoso y hostigamiento del gobierno estatal y de los responsables de la Auditoría Superior del estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes han emprendido acciones arbitrarias.

“Hacemos un urgente llamado a los poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para que, en el marco de sus facultades y del respeto al federalismo, intervengan en el estado de Puebla; toda vez que, en el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, específicamente, en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento”, subraya la misiva. 

Además, el Consejo Universitario precisa que los ataques contra del rector son en contra la universidad y contra todo lo que ello representa, como los más de 105 mil estudiantes inscritos en 200 programas de bachillerato, licenciatura, nivel técnico superior y posgrados.

“Los logros de la universidad serían inexplicables si no se hiciera un uso racional y transparente de los recursos públicos con los que cuenta. Tampoco nuestra democracia participativa y autogobierno, reconocidos por las diversas instituciones educativas del país, podrían cumplirse si la universidad fuera un botín o un mero instrumento en manos de un grupo dedicado a beneficiar a sus intereses personales”.

El documento recuerda que Alfonso Esparza Ortiz está abierto a enfrentar cualquier tipo de señalamientos y a someter los resultados de sus gestiones a revisiones de las autoridades correspondientes, pero con la independencia y la imparcialidad que se requiere en todo momento.

“Estamos seguros de que un gobierno estatal abierto y democrático apoyará la propuesta de que sus investigaciones y sus presuntas pruebas sean analizadas y acompañadas por instancias de justicia y auditoría federales; de lo contrario, estaríamos ante un nuevo indicio de que la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta tiene tendencias totalitarias y dictatoriales”.

El Consejo Universitario lamenta que el daño moral que se pretende causar al rector, a su honor y a su imagen, no es personal sino institucional.

“Él nos representa, él preside nuestro máximo órgano de gobierno, el Consejo Universitario, y quien pretende coaccionarlo con amenazas y chantajes está atentando contra el honor y la imagen de la BUAP, contras nuestro trabajo, nuestros avances y nuestro esfuerzo”.

La misiva destaca además que desconoce a cualquier persona o grupo que pretenda poner de rodillas a la universidad, porque carece de autoridad política y, particularmente de moral.

“Hay quienes actúan por conveniencia y quienes actúan por deber. Nosotros los universitarios, lo hacemos por deber, el sagrado deber de defender a nuestra institución y su carácter público, libre y autónomo”.