El Ayuntamiento interpuso un amparo directo en contra de la sentencia del Tribunal Agrario Número 47, favorable a los ejidatarios de San Baltazar Campeche en enero para recibir el pago de mil 200 millones de pesos, por la construcción de avenidas sobre sus terrenos.
La administración municipal de Rafael Cañedo Benítez en 1994 expropió terrenos de la zona suroriente de Puebla capital en donde los ejidatarios cerraron las arterias del bulevar Carlos Camacho Espíritu o Valsequillo y Avenida las Torres, el miércoles, además, la víspera la 24 Sur y Municipio Libre.
Fue el Consejero jurídico de la presidencia municipal, Enrique Juárez Vasconcelos quien señaló, "que no hay una solución firme que obligue a la otra de las partes a realizar ciertas conductas o ciertas obligaciones. Todavía está en trámite la sentencia, no hay una sentencia firme en este asunto y la proyección es que todavía tarde en resolverse ese amparo".
Además, precisó que no puede señalar un motivo del por qué esta resolución ha tardado 40 años o más como dicen los ejidatarios.
Pero, acentuó que es un asunto que lleva un tiempo, que no depende de una sola administración.
En compañía del director jurídico del director jurídico del Ayuntamiento, José Alfonso Aguilar García, subrayó que el gobierno de José Chedraui Budib tomó el caso en el estatus que ya se conoce.
Bajo esa perspectiva legal, valoró que la víspera la Sindica Mónica Silva Ruiz realizó una mesa de negociación, "vamos a llamarla extrajudicial" porque esa negociación en donde también participó el director jurídico del Ayuntamiento.
Insistió que el Ayuntamiento interpuso el amparo directo porque algunos de los ejidatarios que piden el pago de los terrenos no demostraron legalmente ser ejidatarios.
"En ese juicio agrario hay unas reglas para presentar, en ese juicio se necesita acreditar con ciertos lineamientos ser ejidatarios, varios de ellos no lo hicieron. Es una de las situaciones que estamos haciendo valer este amparo directo; esperando que la autoridad Federal pueda analizar en su momento y determinar la resolución en caso de ser favorable al Ayuntamiento entrará una reposición, incluso, del procedimiento".
Aclaró que en este momento sería muy aventurado señalar si se puede hacer un pago por los mil 200 millones de pesos, pero la realidad indica que no.
Recordó que el ejercicio fiscal 2025 está corriendo y ese monto de mil 200 millones de pesos no está inmerso en el presupuesto.
"En caso de que se llegue a determinar que se tiene que pagar, primero se debe conocer el monto, teniendo el monto, se tendría que cruzar con Tesorería municipal la factibilidad y las acciones para tener esas cantidades; por el momento es muy aventurado decir si tenemos viabilidad".
El director público del Ayuntamiento, José Alfonso Aguilar García, proyectó que el acuerdo alcanzado con los ejidatarios para responder en 60 días no es sinónimo de querer prorrogar este caso por un tiempo indefinido pero si el de llegar a acuerdos para trasladarlos al juzgado.
Además, los ejidatarios se comprometieron a no cerrar las calles nuevamente durante los siguientes dos meses.
"En la mesa de negociación una de las partes de esta primera etapa de la mesa de negociaciones, precisamente, el que en un periodo de 60 días hábiles, es el periodo en que el Ayuntamiento a través de la sindicatura va a iniciar este procedimiento para tratar de dar solución al caso en esos 60 días hábiles. No van a realizar otro cierre de calles".
En primer lugar, priorizó que es importante aclarar que el Ayuntamiento tiene que esperar los momentos procesales, dentro del juicio que "nos" va a obligar a realizar un pago, la segunda parte de este inicio de convenio, es que en esos 60 días se va a hacer una determinación para ver la viabilidad o no de los derechos que los demandantes puedan tener o no.
"Vale la pena también hacer hincapié que este convenio no transgreda la parte jurisdiccional, 60 días hábiles serán ocupados para hacer una determinación de la viabilidad de una conciliación, después de 60 días hábiles se puede tener un dictamen, se pasará a una siguiente etapa, que será una valoración, y en el caso de ser viable se hará el convenio y en caso de que no, se seguirá el camino jurídico".
Los ejidatarios reclaman el pago de los terrenos en donde se desarrolló el bulevar Valsequillo, 14 Sur, 24 Sur, 2 Sur y Río Papagayo.
