Desigualdad social acompañada por el incremento de los problemas económicos derivados del Covid-19 se relacionan directamente con la impunidad, alentada por la inseguridad y la impartición de justicia en Puebla y en todos los estados.

Al clima negativo urge consolidar los cuerpos de seguridad locales porque cada corporación tiene un déficit de 50 puntos porcentuales; además, debe priorizarse la formación de los policías municipales por ser los primeros que corrompe el crimen; pero el círculo de la eficiencia de la seguridad se cerrará con un incremento en el número de jueces acompañado de la consolidación de las instituciones para garantizar respeto a los derechos humanos.

En la coincidencia de esas premisas, el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) , Luis Ernesto Derbez Bautista; el Coordinador general del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) UDLAP, Juan Antonio Le Clerq Ortega, y el especialista en temas de seguridad nacional UDLAP, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, subrayaron que para contraer la inseguridad y la impunidad la autoridad deberá trabajar en los cimientos de la seguridad inmediata a la comunidad.

Después de la publicación a nivel nacional de los resultados del Índice Global de Impunidad 2020, desarrollado por investigadores del Coordinador general del Centro de Estudios sobre

Impunidad y Justicia (CESIJ) UDLAP, Derbez Bautista priorizó que en el último lustro no se registra en México una mejora significativa en el desempeño de la seguridad y la justicia.

México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020, aspecto extremadamente grave que nuestro país se encuentre entre los 10 con mayor impunidad entre los casos estudiados

"Para mejorar en el índice, el nuevo gobierno debería invertir en mejorar la capacidad y funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos del país y no parece estar ocurriendo, no habrá un cambio significativo en los niveles de impunidad, si no se diseñan e implementan políticas más efectivas y se aplican en forma coherente a lo largo del tiempo”.

El catedrático acentuó que observa con preocupación una tendencia a nivel país a reivindicar penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como la solución a la crisis de inseguridad y violencia que viven los ciudadanos en los 32 estados de la República.

La experiencia acumulada del IGI subrayó permite afirmar que el activismo punitivo no ayudará a reducir la impunidad en México, el camino es mejorar la capacitación y funcionamiento de nuestras instituciones de seguridad y justicia.

"Es importante que el gobierno avance en la investigación y sanción de casos de corrupción de nuestro pasado reciente; es también fundamental que avance con mayor decisión en la implementación del sistema penal, y del sistema anticorrupción para garantizar la no repetición de casos de corrupción y tráfico de influencias por parte de funcionarios públicos”.

Bajo esa perspectiva, el especialista en temas de seguridad nacional, Sanchez Lara dijo que la impunidad está ligada a los problemas económicos, pero a partir de la crisis generada por el Coronavirus, se proyectan mayores problemas en el país.

Existe un impacto del covid-19 en la impunidad precisó por los indicadores de Naciones Unidas que hay un impacto sobre los sistemas de justicia.

"Los jueces se fueron a sus casas y faltan sistemas digitalizados para hacer denuncias. Interpol y Europa han señalado que están aumentando los delitos cibernéticos, ese será un reto que vamos a tener que medir; hemos descubierto desde 2015 que la impunidad tiene una correlación con la desigualdad, diferentes reportes indican que esta pandemia incrementará los niveles de desigualdad social, económica, educativa y creemos que sí tendrá un impacto el covid-19 en la impunidad”.