Sobre las responsabilidades del robo de combustible y gas LP, solamente el 2 por ciento se denuncian, dijo el director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Juan José Hernández López.
“En el último reporte, de las más de 800 tomas clandestinas de gas LP, solo el 2 por ciento se denunció y no hacen público qué tanto involucra una denuncia, si es por un bloque de tomas clandestinas, no lo hacen público y cuál ha sido el alcance de esas denuncias”.
Por eso, aseguró que, en la atención existe amplia impunidad o deficiencia de seguimiento de las investigaciones, “hay que saber por qué no se denuncian, todos son corresponsables”.
Explicó que "es corresponsable la población que no denuncia, que es omisa o que participa de estos delitos al momento de recibir algún pago o beneficio”.
Para "cortar con los lazos de corrupción", señaló el director del IGAVIM, se debe trabajar desde la parte gubernamental y llegar al tejido social.
“Es muy complejo, debe hacerse de manera consciente, porque la migración de robo de hidrocarburo a gas LP se da porque el delincuente busca una alternativa económica”.
Los delincuentes buscan que sus ingresos se mantengan, porque "si recibían 2 pesos por el robo de hidrocarburo y les quitan uno, buscan una alternativa para que vuelvan a recuperar esos dos pesos, ya sea a través de delitos de alto impacto como es el secuestro y la extorsión o una alternativa que es el robo de gas LP”.
El problema se hace más complejo con la participación de actores gubernamentales y de la sociedad, que entran en este mercado ilícito, que para ellos es una fuente de economía.
Por eso, aseguró que su combate debe hacerse desde el fortalecimiento del tejido social y elevar la ética de los servidores públicos que se vieron involucrados en este tipo de actividades.
El director del IGAVIM, recordó: “este delito es responsabilidad de las dependencias federales, como PEMEX, la Guardia Nacional, el gobierno federal”.
Ante eso, reconoció que, existe una cadena de responsables, por eso, "hay que trabajar en la gestión integral del riesgo, empieza la parte municipal a ser responsable en la medida en que generan ordenamientos, “ahí empieza su responsabilidad”.
Reiteró que "está la responsabilidad municipal, que tiene las áreas de mayor riesgo, las áreas de amortiguamiento, el alcance que van a tener en caso de un riesgo mayor".
Además, está la parte estatal, en la complementación del seguimiento dentro del territorio, “en vigilancia si hablamos de delito, en supervisión de la planeación urbana, porque involucra a la entidad a través de sus diferentes secretarías”.
“Todos juegan un papel importante, los mismos diputados que a través de sus mejoras legales no logran controlar el problema y la ley estipula que es un delito federal, pero todos son corresponsables”, finalizó.
