En un lapso de 15 años, se entregó la mitad del territorio nacional para exploración y explotación, de acuerdo con los anexos estadísticos de los Informes de Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El vocero del Toxitour, Oswaldo Villegas Martínez, reveló que de acuerdo a información de la Dirección General de Minas, desde el año 1992 y hasta 2017, se han otorgado 25 mil 652 concesiones para su utilización en diversas actividades extractivas.

Entre todas esas concesiones, se acumulan un aproximado superior a los 100 millones de hectáreas concedidas, en el acumulado de tierras destinadas para la minería.

Dijo que en un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se da a conocer que de diciembre del 2012 a agosto del 2018, se reformaron articulados que facilitan las actividades extractivistas.

Se trató de reformas de ley aprobadas en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, donde se modificaron 155 artículos constitucionales por medio de 28 decretos de reforma constitucional.

Destacó que las modificaciones permitieron el despojo de tierras, mismos que se tradujeron en desplazamientos de comunidades originarias.

En las revisiones, apuntó, los artículos que más se han reformado han sido los siguientes: el artículo 73, sobre las facultades del Congreso, el artículo 123, sobre los derechos laborales, además del artículo 27 sobre la propiedad de la tierra y el artículo 89, sobre las facultades del poder ejecutivo.

En el informe de Toxitour, dijo Villegas Martínez, revelan que las académicas Gisela Zaremberg (de FLACSO) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University), realizaron un mapeo de los conflictos socio ambientales en México generados a partir de proyectos mineros y energéticos durante los últimos doce años.

Dentro de los resultados, detectaron más de 879 conflictos distribuidos en casi todo el país, los cuales, en gran parte terminan a favor de los comuneros o grupos afectados por los trabajos que pretenden llevar a cabo en los terrenos concesionados.

De acuerdo a los análisis aplicados, saben que desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari se agudizó aún más la entrega del territorio nacional y los recursos naturales.

El recurso que más fue entregados, es el agua, además de la entrega a empresas que manejaba el Estado y que ahora son parte de la iniciativa privada y que ha encarecido los productos y servicios a lo largo de las últimas décadas.

El vocero del Toxitour, dijo que, ante la grave devastación ambiental a nivel nacional y la violación a los derechos humanos, proponen al gobierno federal, que "ratifique el Acuerdo de Escazú, sobre desarrollo sostenible, la prohibición, mediante una ley respectiva, del uso de la técnica de fracking para la extracción de gas shale".

Además de la abrogación o derogación de los artículos 6to y 19 de la Ley Minera, la derogación de la Ley de Inversiones Extranjeras y dentro de sus facultades.

Además, piden cancelar las concesiones de agua y territorio autorizadas por los Gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y exhortar al Congreso de la Unión para que haga lo propio.