"Aunque las consultas populares son un elemento importante de participación social, el sistema se pervierte o genera ciertas frustraciones cuando se maneja como una agenda en particular y no para dirimir algo de interés público y genuino".
Así lo señaló el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), José Emilio Baños Ardavín, quien destacó que los esquemas de los plebiscitos y de participación ciudadana, son muy positivos.
Sin embargo, agregó que son positivos en tanto haya el mecanismo para darle legitimidad a la materia que se dirima o la materia que se quiera decidir.
Cabe mencionar que la Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.
“Es un formato, un esquema muy necesario, que no lo hemos desarrollado como debiera, en una sociedad que tiene un esquema diferente de valores en sus esquemas democrático”, dijo el rector de esa casa de estudios.
Ante eso, la Constitución mexicana es clara en el artículo 35, párrafo primero, fracción VIII, apartado 1º, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde mandata que son derechos del ciudadano, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las cuales, serán convocadas por el Congreso de la Unión.
Para el rector de la UPAEP, “dicho esto, si se desarrollan los mecanismos con la participación de los actores más relevantes, que puedan darle legitimidad a esa materia, y deliberación para meterla a un determinado plebiscito o consulta será muy favorable y necesario para fortalecer los temas democráticos”.
Este año, México realizará la Consulta Popular para la revocación de mandato, un ejercicio democrático con el cual los ciudadanos decidirán si su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrá continuar en el cargo.
Sin embargo, la disputa empezó porque la autoridad electoral del país, el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que no le fueron asignados los recursos suficientes para realizar ese proceso de consulta, que incluye desde la instalación de las casillas hasta el voto a distancia.
Eso desató un pleito legal entre el INE y el Gobierno federal, en el que fue consultada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mayor autoridad judicial de México, para exigir al órgano electoral que realice en tiempo y forma la revocación de mandato.
Sin embargo, Baños Ardavín, aclaró que ahí, hay siempre esa frontera gris, de saber si es legítimo o no, pero ese es la ventaja de las democracias.
Las consultas de gobierno y esos ejercicios democráticos, deben dar tranquilidad a la sociedad, porque si se desarrollan bien es una herramienta probada a nivel internacional, es una mejor práctica que hay que emular y enriquecer desde la lógica local y desde las necesidades concretas de la sociedad, apuntó el rector de esa institución.
