Que el Ayuntamiento de Puebla intente cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), por medio de una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede ser viable, pero será mal visto por la sociedad y eso implica costo político.
El Coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, dijo que, además de la parte jurídica, implica que se dé una doble tributación, “que un ayuntamiento se empecine en cobrar doble impuesto o un impuesto más tiene un costo político”.
Insistió en que esta acción legal trae costos políticos y lo más fuerte, una molestia pública, pues la ciudadanía ya está cansada de este tipo de situaciones, “los gobiernos tratan de ser demasiado autoritarios al cobrar esas cuestiones y esto trae costos políticos”.
“Recordemos el tema de las foto-multas, es un tema que la población tuvo sobre la mesa mucho tiempo, porque solamente los poblanos la pagamos, porque la gente que viene de fuera no la paga, es un tema que trae consto político”.
Ante eso, el académico destacó que cuando un gobernante se empecina en un cobro o un impuesto que no estaba y que impactará en el bolsillo del poblano, se pregunta por qué lo va a pagar y si este no se paga en otra parte del país.
Insistió en que, si el Ayuntamiento de Puebla lleva el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que pueda cobrar el DAP puede intentar hacerlo, sin embargo, agregó que es muy difícil que la SCJN valide esa acción; por ello, reveló que debe valorar entre el costo político y una doble tributación.
Recordó que cualquier contribución se podría suspender, se puede echar abajo, pues es una facultad del propio presidente municipal decir que no lo va a cobrar y eso le traería un beneficio político.
“En el gobierno de Enrique Doger, como presidente municipal, no había multas de tránsito. Los que consideren cobrar el DAP, que entiendan que pasamos por una situación de pandemia, donde a muchos les cuesta trabajo salir adelante económicamente, este tipo de medidas se ven autoritarias y muy burdas para la sociedad".
Recordó que el Derecho de Alumbrado Público (DAP), representa el hecho que se emita un nuevo impuesto y es una doble tributación, que es una anulación a los derechos del contribuyente, porque ya con el pago de impuestos se cubren esos servicios.
"Se está duplicando la contribución, hay una doble tributación, y en ese caso, los contribuyentes pueden recurrir al juicio de amparo y a partir de ahí, el tribunal colegiado de circuito tendría que señalar la inconstitucionalidad del impuesto".
El académico también señaló que la ciudadanía puede lograr que alguna dependencia como la Comisión de Derechos Humanos (CDH) pueda llevar a cabo la acción de inconstitucionalidad.
“La SCJN ya señala que el DAP es un impuesto disfrazado”, entonces, se debería de revisar constitucionalmente si este doble impuesto violenta los derechos humanos del contribuyente o no.
