"El linchamiento en contra de Daniel Picazo en el municipio de Huauchinango, que terminó en su muerte, ubica a Puebla en una situación de inseguridad extrema", aseguró el litigante, Julio Santos Lozano.
Puntualizó que la justicia tiene que llegar de inmediato, esto ante la gravedad del caso, en que fue asesinado el joven de 31 años ocurrido el pasado 10 de junio.
“Los ciudadanos no podemos seguir expuestos a este tipo de crímenes, en que se observa la ausencia de un Estado de Derecho”.
El docente del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), coloca a la sociedad poblana, en una situación de inseguridad extrema ante los casos de linchamientos, retenes clandestinos, homicidios, feminicidios, asaltos, entre otros, ponen en riesgo los derechos humanos de las personas.
Por eso, consideró urgente la intervención del Estado, con la finalidad que garantice un ambiente de paz y seguridad para los ciudadanos, con pleno respeto de los derechos humanos.
Santos Lozano destacó que no puede permitirse la violencia extrema bajo el pretexto de la justicia y además, los ejecutores no deben ser protegidos por el anonimato y la impunidad.
“El linchamiento que derivó en asesinato, resulta reproblable, por eso, resulta urgente la generación de políticas públicas tendientes a evitar estos homicidios masivos, porque las leyes ya existen”.
El homicidio tumultuario, agregó, se traduce en la penalidad dentro del Código Penal para el Estado de Puebla y marca de 3 a 8 años de prisión.
Sin embargo, dijo que esa pena puede incrementarse con las agravantes del caso, “con toda esta situación que aconteció”.
Aunque están detenidas cinco personas, el litigante señaló que hay que revisar el tipo de lesiones que resultaron con el homicidio, porque el cuerpo fue quemado, “hay situaciones muy especiales que tendrá que tomar en cuenta el juez que tenga la causa”.
"Se trata de un caso penoso y agraviante para la sociedad poblana, por el tipo de peligro que implica estos actos en que nadie puede ir a una comunidad para hacer una visita o trámite y se presenten este tipo de actos".
Julio Santos lamentó que tengan que surgir agitadores al pueblo, para que, de manera violenta, piensen que es un delincuente, “es algo penoso que debe atenderse con políticas públicas”.
Finalmente, añadió que los delitos cometidos ya se encuentran contemplados en la ley y por eso, la autoridad correspondiente debe dar seguimiento puntual a la investigación, hasta llegar a la sanción penal.