"En la LX legislatura poblana, hay un pendiente mayúsculo, que se alcanza a visualizar como pendiente, el elefante que se niegan a ver a todo el Congreso, la interrupción del embarazo en menores de edad", aseguró el analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, “en la interrupción del embarazo, vemos que otros Congresos avanzan”.

Aclaró que, aunque esos avances no se presentan con unanimidad, señaló que este tema no es de consensos absolutos, que es de mayorías, que es de legalidad.

Ante eso, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya marcó la pauta y el Congreso del Estado de Puebla no está escuchando la voz del máximo tribunal.

Añadió que el tema fundamental, es la discusión y votación respecto a la interrupción legal del embarazo.

“Ha sido evidente que este asunto en línea con la tendencia al respecto de la SCJN ha venido caminando gradualmente, pero avanzando en otros Estados”.

Alonso Muñoz, recordó que hoy en día, México ya suma 10 entidades federativas las que han despenalizado el aborto. Esos estados se hacen responsables por lo establecido por la SCJN.

Las últimas, Baja California Sur y Guerrero, donde hay que decir que no hubo los consensos, sin embargo, lograron sacar adelante un tema de gran interés social.

El politólogo de la Ibero Puebla señaló que en el Poder Legislativo de la entidad poblana, el diputado presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso del Estado de Puebla, Sergio Salomón Cespedes, busca lograr unanimidad.

“Es un asunto que pasa y que ha sido aprobado, que ha avanzado en estas 10 entidades con mayoría asumiendo que no todos los legisladores están de acuerdo con estas decisiones”.

Cabe recordar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló el pasado 24 de mayo, la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 que manda la obligatoriedad para que, en caso de violación, los hospitales públicos garanticen el acceso al aborto.

Ante eso, todos los hospitales públicos deben garantizar el acceso al aborto de las mujeres menores de edad, entre 12 y 17 años, a pesar de que, no hayan interpuesto ninguna denuncia penal o que no tengan la autorización de sus padres para ello.

Por eso, la SCJN desechó la controversia constitucional que presentaron los Congresos de Baja California y Aguascalientes, que argumentaron que las modificaciones a la ley de salud se llevaron a cabo sin respetar sus competencias locales.