Para el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel, el reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico implica una labor conjunta entre el ayuntamiento de Puebla capital y el gobierno del estado.
En entrevista para Intolerancia Diario, el académico se pronunció porque la administración de Miguel Barbosa intervenga en el tema.
Ante eso, el académico, pidió que el Estado y el Ayuntamiento de Puebla reordenen conjuntamente a los vendedores informales.
El catedrático de la Ibero Puebla invitó a los ambulantes a promover un amparo en caso de que sientan que se les está violando su derecho constitucional de tener un trabajo.
Refirió que no se puede hacer valer la Constitución Mexicana o el artículo 123 de la Carta Magna a través de protestas o manifestaciones.
Del mismo modo, sugirió encontrar nuevos espacios para los trabajadores informales, que sean los adecuados para la comercialización de sus mercancías.
“Se requiere la coparticipación entre los dos órdenes de gobierno para resolver esta problemática”, dijo.
Informó que en pasadas administraciones municipales se crearon las comisiones correspondientes para reubicar a los ambulantes en otros lugares.
Recordó que en los años ochenta se destinó la zona de la CAPU para el sector informal, mientras que en la época de Blanca Alcalá se creó el Mercado de Sabores.
Abundó que durante la pasada administración de Claudia Rivera se dio carta abierta a los vendedores semifijos, lo que provocó que algunos líderes se aprovecharon de la situación e invadieron el espacio público.
“En este ayuntamiento debe de haber, de entrada, un diálogo”, señaló.
El especialista de la Ibero Puebla explicó que el ambulantaje no es un tópico fácil de analizar, porque todas las personas tienen derecho al trabajo, también lo es que debe haber piso parejo en cuestión de requisitos para abrir un comercio.
Detalló que los informales no invierten ningún recurso para expedir una licencia de funcionamiento u obtener un dictamen de Protección Civil, como sí lo hacen los locatarios formales.
Estuvo de acuerdo en que los trabajadores de Gobernación municipal deben evitar decomisar mercancía agrediendo o vulnerando los derechos humanos de los comerciantes semifijos.
“Todo acto de autoridad debe estar apegado a la ley, debe de estar apegado a derecho, las autoridades tampoco deben agredir, porque se puede considerar robo".
Por otro lado, señaló que debe tener mucho cuidado el Ayuntamiento de Puebla y el propio presidente municipal, Eduardo Rivera para ver que se lleven a cabo estas invitaciones de salir del espacio público siempre apegado al respeto a los derechos humanos.
