La situación de la educación en el país no ha mejorado y en este momento, de acuerdo con indicadores nacionales, se encuentra en peores condiciones de las que tenía en el periodo neoliberal.

A cuatro años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, señaló, “si bien es cierto el 30 de septiembre de 2019 tenemos una nueva Ley General de Educación, escuelas de zonas alejadas siguen en el abandono”.

Lo que hace el gobierno del presidente López Obrador, es acosar presupuestalmente a las universidades públicas, es decir, incumplir la promesa de no aplicar dichas políticas en el ejercicio del poder.

A la fecha la gratuidad de la educación en todos los niveles no se ha logrado y peor aún el compromiso contraído por el gobierno de mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país sigue pendiente, “los planteles rurales y escuelas ubicadas en zonas alejadas siguen en el abandono y sin recibir los beneficios prometidos”.

En cuanto a la educación superior, las universidades autónomas, desde la UNAM hasta las de provincia, siguen siendo estigmatizadas como corruptas y continuamente se les siguen aplicando recortes al subsidio que deberían recibir por parte del gobierno federal.

Con esa medida, dijo Molina Carrillo, les impiden atender a más estudiantes y mejorar las condiciones laborales de su personal administrativo y académico.

Las universidades estatales, dijo, son de las más castigadas por la “austeridad republicana” y ahora ya enfrentando los recortes de la “pobreza franciscana” con lo que la 4T incurre en lo que criticó de los gobiernos neoliberales.

Al preguntar cuál es el malestar del gobierno de AMLO en contra de las universidades autónomas, la respuesta que Molina Carrillo planteó es simple, “porque al estar garantizada la autonomía universitaria en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le es imposible controlarlas”.

Pero tampoco puede manejarlas ideológicamente a favor de su grupo político y de su partido, debido al hecho de que en muchos aspectos los académicos e intelectuales que laboran en ellas forman profesionistas con una visión independiente y alejada de tintes políticos o partidos.

En el caso de las instituciones privadas de nivel superior, la situación es todavía más difícil, dijo el director general del ICI, debido a las políticas impulsadas desde el gobierno federal y de los estados, con una Ley General de Educación Superior que las trata como negocios privados.

Además, expresó, no considerar la aportación y servicio que prestan para atender una demanda educativa que a la fecha el Estado no ha podido absorber por medio de las universidades públicas, instituciones que han padecido los embates del CONACYT al recortar los apoyos a sus investigadores, publicaciones y programas de investigación.
 
“De no existir las universidades privadas, dejarían a miles de jóvenes sin opciones para formarse profesionalmente siendo presas de la delincuencia organizada y sin oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y de sus familias”.

Ya que aún en la pandemia de la COVID-19, sin ningún apoyo gubernamental continuaron ofreciendo sus servicios a los estudiantes para evitar la deserción y que truncaran su formación profesional, circunstancia que para el gobierno de la 4T carece de importancia.