Casi la totalidad de las personas reconoce haber ejercido violencia al enojarse durante el último año, “las diferencias en cuanto a género son mínimas, del 96.5 por ciento de mujeres contra 95.6 por ciento de hombres". Lo anterior, de acuerdo con el Informe enojo excesivo y violencia familiar, que indica, “ellas reconocieron haber agredido físicamente a otro integrante de su familia con mayor frecuencia que ellos, es decir, 37 por ciento contra 24 por ciento de ellos".

En las conclusiones, se refleja que la violencia se ejerce principalmente entre parejas, aunque hay matices.

El estudio también revela que papás y mamás se gritan, insultan, dejan de hablar o destruyen sus cosas; también son los más propensos a abandonar la casa de forma brusca.

En cambio, a los hijos se les amenaza más que a la pareja: las madres regañan a hijas e hijos por igual, mientras que los padres reprenden a los chicos más que a las chicas.

De acuerdo con los encuestados, cuatro de cada diez aseguran que sus índices de irritabilidad no cambiaron durante la pandemia, el 29 por ciento se asumió “más enojón” desde el enclaustro por el coronavirus. En contraste, el 37 por ciento se considera “poco enojón” y el 28 por ciento se define como alguien “enojón”.

Como explicó el coordinador del proyecto, Raúl Alcázar Olán, las personas que se autovaloran como propensas a enojarse con facilidad son igualmente más proclives a ejercer violencia que aquellas que manejan mejor su enojo.

Por ejemplo, mientras que nueve de cada diez tendientes al enojo le han gritado a algún familiar, solo el 57 por ciento de los que son poco propensos lo han hecho.

El Estado ha intentado gestionar esta problemática a través de múltiples instituciones, desde el DIF hasta la Fiscalía General de la República (FGR).

El equipo elaboró una propuesta de política pública basada en tres acciones: reducir los índices de violencia familiar a través de la prevención; concientizar a la población sobre el enojo como problemática social, y aumentar la participación de la sociedad civil en la lucha contra la violencia familiar.

Sobre las políticas ya existentes, se propone evaluar el impacto de los programas sociales. “El problema no solo depende de crear sanciones más fuertes o nuevas leyes, sino que los esfuerzos deben dirigirse a ver qué funciona y qué no”.

La responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), Ana Gamboa Muñoz puso énfasis en los espirales de violencia que viven las infancias como un reflejo de estas asimetrías.

Mientras que los varones tienen la tendencia a convertirse en agresores al crecer, las mujeres pueden quedarse atrapadas en entornos de vulneración.

Por su parte, Alejandro Arias Rábago, director de Apoyos a Proyectos de CONCYTEP, destacó la develación de formas de gestionar el enojo, una emoción propia de la experiencia humana, de manera asertiva, “no es algo malo per se, el problema es cómo lo expreses y derives”.