De la población carcelaria, el 10 por ciento corresponden a comunidades indígenas y la mayoría de ellos, se mantienen bajo condiciones de arbitrariedad de alguna autoridad de justicia, aseguró el coordinador de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, Simón Hernández León.
El académico agregó que, los propios jueces, tienen muchas dificultades si la persona es monolingüe, que no habla el español.
Además, existen problemas adicionales en la impartición de justicia, porque, además de todo, traen marginación legal, “hay mucha arbitrariedad, ya no hay los procesos adecuados dentro del sistema penal acusatorio”.
El especialista añadió que dentro del sistema tradicional, muchos de los presos indígenas son obligados a firmar declaraciones, “y eso ha bastado para imponerles condenas”.
Sin embargo, aseguró que, se han empezado a revisar casos a nivel federal, porque en muchos estados con comunidades indígenas, se han encontrado tortura y firmas para declaraciones.
“Encontraron que, a muchos de ellos, los hicieron poner la huella y la firma y con eso se les condenó, eso se hace en varios lugares del país, lo que se traduce en mecanismos arbitrarios y pagan culpas que no cometieron”.
Para Hernández León, en el sistema de impartición de justicia, para los presos indígenas, hay áreas problemáticas, porque en la casi totalidad de las comunidades, los que están en prisión que no tienen abogados ni recursos para pagar alguna fianza.
Por eso, dijo que, se trata de los sectores más afectados y ante eso, la defensa debería tener condiciones que garanticen la asistencia jurídica de traductores e intérpretes de los procesos, “es algo que deben atender de manera urgente, las autoridades”.
En el país hay muy pocos defensores bilingües que conozcan la cultura, que puedan representar como una obligación del Estado a las personas que están en estos procesos.
Dijo por ejemplo que, para los mitigantes privados es todavía más agravante esta situación porque no tienen las capacidades para hacer estas representaciones.
Para ellos, no hay como la representación de una persona que conozca su lengua, por eso, todavía no se materializa como una política pública robusta de parte de la defensoría.
En general, los integrantes de las comunidades indígenas que caen en prisión, por algún delito, no tiene un debido proceso, además, los representantes del Estado para que los defiendan tampoco conocen las lenguas indígenas.
El litigante de la Ibero Puebla dijo que, apenas, hace 10 o 12 años que se comenzaron a debatir sobre las garantías mínimas y condiciones legales que se deben tener para una persona indígena.
Finalmente, añadió que no existe respeto a sus derechos individuales y por lo tanto, prevalece el abuso de autoridad.
