El Estado de Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en agresiones a periodistas, siendo la capital de la entidad, el municipio más peligroso para ejercer dicha actividad reveló una investigación presentada en la Universidad Iberoamericana.

En ese sentido, el documento indica que, en los últimos ocho años, de 2014 a 2022, se han documentado 209 ataques a informadores locales, lo que significa alrededor de casi 24 casos anuales.

Entre las modalidades de esas agresiones se encuentran intimidaciones, bloqueos informativos, desprestigio, violencia física, detenciones arbitrarias y ataques cibernéticos.

Lo anterior ocurre a pesar de que existen instituciones públicas o mecanismos formales que deberían de garantizar la protección de los periodistas.

En el caso de Puebla son tres las oficinas dedicadas a esa labor, siendo una de ellas, la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas creada durante la gestión de José Antonio Gali Fayad.

Según lo denunciado por integrantes del gremio, las instancias en cuestión carecen de eficacia, destinando la mayor parte del presupuesto al pago de la nómina. 

Acerca de los municipios más peligrosos del Estado de Puebla para ejercer el periodismo, los presentadores de la investigación indicaron que es la capital poblana.

Le siguen Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y Huauchinango, sin embargo, el informe de la Ibero Puebla no detalla las cifras por región.

Los presentadores del informe destacaron que el crimen organizado se está convirtiendo en otro de los perpetradores principales de agresiones contra la prensa en municipios alejados a las ciudades.

A nivel nacional, en los últimos diez meses, 16 comunicadores han sido asesinados, es decir, de uno a dos casos por mes.

En tanto, se ha registrado el homicidio de 156 periodistas en el nuevo milenio, lo que equivale a por lo menos, siete casos por año.

Cabe mencionar que en 2012 se creó a nivel federal el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el que actualmente hay mil 667 personas inscritas.

No obstante, el instrumento referido no ha cumplido con dar respuesta a problemáticas que van desde las violencias estructurales hasta la precarización laboral y el condicionamiento de las líneas editoriales.