Ante la multitudinaria marcha en apoyo de la 4T encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es creciente la polarización de los ciudadanos, a la que nos está llevando y que coloca a la sociedad mexicana en una situación de riesgo.
Para el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, el presidente del país, también nos lleva a confrontar posiciones respecto a asuntos públicos delicados, como lo es en este caso la desaparición o no del Instituto Nacional Electoral (INE) y el riesgo que la reforma electoral representa para la vida democrática del país.
La marcha, convocada y organizada por el presidente López Obrador, el 27 de noviembre con el pretexto de adelantar la celebración de haber llegado a su cuarto año de gobierno, se llevó a cabo en respuesta de la realizada el pasado 13 de noviembre.
En esa ocasión, fueron más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, en la que habrían participado más de seiscientos mil ciudadanos de El Ángel de la Independencia al monumento a la Revolución, para manifestar su rechazo a la reforma electoral presentada por el presidente AMLO y en defensa del INE.
Esa marcha, dijo Molina Carrillo, originó el malestar y el enojo del presidente, incluso en los días previos a su realización, pero que ante el gran número de participantes se vio obligado a anunciar que, si la reforma no tiene los votos suficientes de los diputados para su aprobación, ya cuenta con un plan B.
Lo anterior, con la finalidad de lograr incidir en dos puntos: reducir en forma importante el presupuesto del INE para 2023 para debilitarlo y, en segundo lugar, incidir en el nombramiento de los consejeros electorales que se elegirán próximamente.
Y con eso, dijo el académico, busca tratar de colocar a incondicionales a su gobierno y con ello equilibrar fuerzas en el consejo general del organismo electoral.
El presidente tuvo como objetivo, borrar del imaginario colectivo la percepción de que hay un gran número de ciudadanos que no apoyan sus propuestas.
“Lo que buscó era demostrar con un número superior de asistentes, que existe una gran mayoría de ciudadanos del país que lo apoya y está de acuerdo con las acciones de su gobierno”.
El analista jurídico, recordó que a la marcha asistieron presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, dirigentes de Morena de todas las entidades del país, que están obligados a demostrar lealtad al presidente.
Además, reveló, asistieron ciudadanos beneficiarios de los programas del Bienestar, desde estudiantes, campesinos, amas de casa, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, que fueron convocados por los delegados de cada entidad.
Lo anterior, bajo la amenaza que de no asistir podrían ser eliminados de las listas y dejar de recibir los recursos que tienen asignados, “para efectos de garantizar su asistencia, se implementaron diversos mecanismos mediante el uso de los padrones”.
Además, también recurrieron a controles como el transporte de sus pueblos y comunidades a la Ciudad de México y de regreso, un refrigerio y en algunos casos hasta un pago que va de los 300 a los 500 pesos por asistente.
