Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueban el plan B de la reforma electoral que ya pasó por las cámaras de diputados y senadores, se vería envuelta en un montón de procedimientos a resolver.
Para el politólogo de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roherich, la Corte debe cuidar la forma en que califica la legalidad o ilegalidad de la reforma que está en proceso de debate.
“La SCJN es la que tiene el balón en su cancha, es la que tendrá que valorar si la reforma del plan B tiene soporte constitucional o contradice la letra y el espíritu de la propia Constitución, como me parece, objetivamente hablando, es más que obvio”.
Y es que, las reformas que se proponen, dijo, atentan en contra de lo que la propia Constitución estipula, en relación con la forma en que deben ser los procesos democráticos en el país.
Para el académico de Departamento de Formación Humanista y politólogo de base de la UPAEP, la marcha del domingo en la Ciudad de México y en otras 100 ciudades del país, es un mensaje que, por su magnitud, por el volumen, va a tener que ser escuchado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, mencionó que, de manera indirecta, también va dirigido al gobierno y a su partido, Morena, “es evidente que hay un creciente rechazo a las medidas que se toman desde el régimen”.
Además, destacó que, se trata de un mensaje novedoso, porque no es a favor de un personaje, ni siquiera a favor de una propuesta política, sino es a favor de una institución que se considera ya patrimonio de los ciudadanos mexicanos, que es el Instituto Nacional Electoral (INE).
Eso es muy significativo, señaló Espina Von Roehrich, porque el mensaje es que se respalda el trabajo, la existencia y el funcionamiento del INE y que queremos que se mantenga este instituto.
Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad y las autoridades actuales federales, deben tomar nota, “porque si no lo hacen, esta indignación y el repudio del sector de la ciudadanía que salió a marchar va a continuar”.
Su perspectiva es que, si la SCJN no reacciona ante el llamado de la marcha, las protestas continuarán y buscarán cauces para ser escuchada, al grado que, tendría efectos en la repercusión electoral y en el respaldo electoral a las fuerzas políticas actuales.
“La principal característica de esta manifestación es su abundante participación, porque tuvo repercusiones en más de 100 ciudades”, además, tiene un reflejo en cuanto a la búsqueda de alternativas y soluciones jurídicas para que estas alternativas no se aplicaran.
“El mensaje por los convocantes no era hacia el gobierno o hacia el presidente, sino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que detenga los avances de la reforma aprobada ya por el Congreso de la Unión y sus dos cámaras”.
