El director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, alertó de la reducción de los recursos en la elección del 2024, la más grande de la historia, donde se elige presidente de la república y todos los cargos de elección popular en el país, podrá generar mayor inseguridad.
Ante eso, señaló que, será trascendental en el país para el próximo año, por eso, quitar recursos para esos comicios deja una situación de inseguridad y de que el Poder Ejecutivo pactó una línea con el Poder Legislativo.
Lo anterior, señaló, porque las Cámaras de Diputados y Senadores se doblaron a los deseos del presidente en cuanto al Plan B de la reforma electoral, que fue rechazada por la falta de los votos suficientes para su aprobación.
"La SCJN y los 11 ministros tuvieron en sus manos una decisión trascendental para la vida del país y aunque hubo señales importantes de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los ministros asumieran su papel y escucharan la voz de los ciudadanos, no lo hicieron".
Por eso, se han desatado una serie de amparos e impugnaciones en contra del Plan B de la reforma electoral, “no se trata de torcer la ley, no se trata de tomar una decisión de acuerdo con los caprichos solamente de una persona”.
Ante eso, advirtió que, no se trata de pasar sobre el poder judicial, sino de hacer valer el estado de derecho, el estado democrático, la legalidad y el respeto al marco constitucional que nos rige como país en temas como los procesos electorales.
"Resulta lamentable que los ministros de la Suprema Corte, no haya tomado en cuenta el sentir ciudadano expresado en las marchas de protesta, no tomaron en cuenta la expresión ciudadana”.
Además, aseguró que, no resultará extraño que, ante el creciente descontento social, también el presidente vuelva a llamar a una contramarcha en los próximos días.
Sin embargo, dijo que, en esta lucha que se ha iniciado en contra del Plan B por parte de la oposición y un número muy importante de ciudadanos, no es un tema de números, es un tema de legalidad, de respeto al estado de derecho y los ministros debieron atenderlo, porque para eso están ahí.
Explicó que el hecho de que, la ministra Yasmín Esquivel siga en el cargo y que no haya renunciado o esté sujeta a algún procedimiento para su relevo es un indicativo de que está prevaleciendo el mantener a la ministra para un voto a favor del Plan B.
“Es urgente rescatar la credibilidad y la confianza que debe tener el pleno de la SCJN que representa el estado de derecho para todos los mexicanos”, finalizó
