Con la nueva Ley General de Humanidades, Tecnología, Ciencia e Innovación, se margina a las empresas innovadoras del país del apoyo del Estado para sus proyectos y eso las coloca en desventaja ante sus competidores internacionales.
Para el rector del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Agustín Herrera Fragoso, esas empresas reciben recursos de sus países, para apuntalar proyectos dentro del rubro.
"Genera efectos negativos a la sociedad mexicana que no podrá contar con un modelo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación de vanguardia, acorde a los retos ambientales, económicos, sociales y éticos que el país requiere atender".
Además, señaló que el presupuesto de ciencia y tecnología debe de incrementar no reducirse, para impulsar el desarrollo y transferencia de conocimiento de todos los campos del saber.
Recordó que, así lo señalan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, documento de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 2021, “la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico”.
La nueva ley, dijo, es ilegítima, por no escuchar y abrir espacios reales de participación en los que se incluyan para su discusión las demás iniciativas que se han presentado al Poder Legislativo, sin tener una discusión prudente por parte de los legisladores.
"Además, por ser votada sin tiempo de análisis, con lo que violentan el debido proceso legislativo, vulnerando el tercer párrafo del artículo primero constitucional, que precisa que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Herrera Fragoso, dijo que, lo que realmente se debe transitar es una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que favorezca un verdadero pensamiento crítico, a la altura de los desafíos sociales, tecnológicos, ambientales y éticos que necesita el país.
Asimismo, tiene que debe incorporar las experiencias exitosas y los avances científicos y humanísticos para avanzar hacia un México moderno, equitativo y sustentable.
A nivel internacional se ha reconocido en la "Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI" adoptada en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en octubre de 1998 en la sede de la UNESCO en París, la importancia del apoyo en la investigación científica por parte del Estado.
Lo anterior, agregó, con la finalidad de tener una educación superior de calidad que genere un óptimo desarrollo social.
Asimismo, señaló que esta ley limita la libertad de todas las comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación, para buscar, generar y transmitir conocimientos y no tendrán espacios para ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas.
