La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump el 23 de mayo de 2025, en respuesta a la revocación de su certificación para matricular estudiantes internacionales.
Esta medida, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afecta a aproximadamente 6 mil 800 estudiantes extranjeros y se produce en medio de crecientes tensiones entre la universidad y el gobierno federal.
La administración Trump justificó la revocación alegando que Harvard promueve el antisemitismo y colabora con instituciones vinculadas al Partido Comunista Chino.
Además, se acusó a la universidad de no abordar adecuadamente la violencia en el campus y de negarse a compartir datos sobre delitos cometidos por estudiantes internacionales.
En respuesta, Harvard calificó la acción como "ilegal e injustificada", argumentando que pone en peligro el estatus legal de miles de estudiantes y socava la integridad académica de la institución.
La universidad también señaló que la medida es parte de una campaña más amplia del gobierno para ejercer control sobre las decisiones académicas y limitar la autonomía universitaria.
El mismo día de la presentación de la demanda, el juez federal Jeffrey S. White emitió una orden judicial que bloquea temporalmente la revocación de la certificación, permitiendo que los estudiantes internacionales mantengan su estatus legal mientras se resuelve el litigio.
Este conflicto se suma a otras acciones del gobierno contra Harvard, incluyendo la congelación de más de 2 mil 200 millones de dólares en fondos federales y amenazas de revocar su estatus de exención fiscal.
Estas medidas han sido criticadas por diversos sectores académicos y organizaciones de derechos civiles, que las consideran un ataque a la libertad académica y a la diversidad en la educación superior.
