La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) tiene más de 60 amparos de sus investigadores y uno institucional en contra del CONACYT, por las modificaciones de ley aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión.
El rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, explicó que la norma en la materia era un esquema universal sim importar que estén adscritos en la universidad que fuera, sabiendo que la investigación es un aporte de interés público.
"La nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, nos parece que es una decisión precipitada, centralista y autoritaria, así fue junto con otras 19 iniciativas”.
Cabe recordar que, la nueva ley fue aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión, con el rechazo de las universidades particulares y de los organismos de investigación del país.
Recordó que, eso ya estaba superado y ahora se revive y se da un paso atrás, es penoso por la actitud discriminatoria a los investigadores adscritos a estas universidades.
Ante eso, aseveró que eso no le hace nada bien a la democracia en nuestro país, ni tampoco a la educación superior que apuesta por la innovación y la tecnología.
Por lo anterior, dijo que, han manifestado la postura como UPAEP en las diferentes instancias como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y otras asociaciones de instituciones de educación superior, con la exigencia de que se revise el proceso y se integren las propuestas de la comunidad científica.
Ante eso, el rector de esa casa de estudios aclaró que, ninguna patente ni ningún aporte de investigación es solamente para un cierto tipo de población.
Baños Ardavín, recordó que, los amparos siguen su curso, “tenemos hasta 60 amparos vivos contra CONACYT, amparos vivos de investigadores de UPAEP, más el institucional respecto al reglamento anterior”.
Por ejemplo, recordó los avances de esa institución en aportes novedosos para la industria aeroespacial, que se desarrollan con recursos concurrentes de la iniciativa privada, de la propia universidad, además de los gobiernos estatal y federal.
“Ahí la muestra de cómo debe ser el camino, porque muchos proyectos se ven limitados por leyes como la aprobada, pero en general, la mayoría de los proyectos no se sostienen con el apoyo del gobierno. Las universidades particulares están habituadas a conseguir fondos alternativos, pero cuando hay esa concurrencia se logran avances más relevantes”, finalizó.