Cuando ya existe un mandato constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto, el Congreso de Puebla, ha alargado mucho la decisión al llevarla al 2024, expuso el abogado Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI).

En entrevista con Intolerancia Diario, el litigante explicó que el mensaje del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Castillo, de enlistar el tema antes del 2024, es alargar demasiado la medida.

La SCJN ya declaró inconstitucional este delito, por lo tanto, las legislaturas, en especifico la de Puebla, tiene que aprobarla y no ha avanzado en esta cuestión.

"Con debate o no, con posturas en contra y a favor, dijo el litigante, los diputados locales tienen que aprobar ese mandato constitucional y con eso, evitar que muchas mujeres acudan a clínicas que no cuentan con las condiciones mínimas para garantizarles la estabilidad en su salud".

Recordó que, hay una promesa de Eduardo Castillo para que quede en lista antes del 2024, lo que es un tiempo bastante amplio si se considera que la despenalización ya tiene que ser un hecho.

Por lo anterior, señaló que se debe tomar en consideración la propuesta de ley presentada desde octubre de 2019 en el Congreso, presentada por al entonces diputada Rocío García Olmedo.

La reforma de ley se presentó para mejorar la salud reproductiva de las mujeres, lo que también considera el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo antes de las doce primeras semanas de gestación.

Santos Lozano, aseveró que, es un tema delicado, porque no únicamente es despenalizar el aborto, “sí hay que hacerlo dentro del Código penal”, que es el que debe contener esa reforma.

Sin embargo, señaló que también se debe legalizar esta práctica, es decir, que también tiene que venir una reforma a la ley general de salud en Puebla en donde se implementen cada uno de los protocolos.

Julio Santos, dijo que se trata de una tarea bastante ardua, pero debe iniciar por despenalizar el aborto teniendo en cuenta que ya existe la inconstitucionalidad de la figura y ahí están las bases para que el legislativo actúe en consecuencia.

"Qué es lo que puede pasar, que los grupos que se encuentran agraviados por este tipo de situación, que han venido luchando, como las feministas, pueden implementar algún tipo de amparo por esta lentitud legislativa".

“Ante esta falta de quehacer legislativo, puede ser un amparo por omisión legislativa en virtud de que la SCJN se ocupó de esto”, finalizó.