En el rubro de persecución penal sin enfoque de priorización y sin criterios claros ni objetivos, las Fiscalías resuelven por vías más complejas las sentencias de enjuiciados, como el procedimiento abreviado o el juicio oral, explicó el especialista de la Ibero Puebla, Tadeo Luna de la Mora.
En entrevista con Intolerancia Diario, no hay indicios de que las fiscalías realicen ejercicios de priorización para diferenciar sus respuestas, así como para la asignación de recursos y esfuerzos, lo anterior, de acuerdo con información de Causa Común.
La organización revela que, aunque algunos delitos, como robo o narcomenudeo, pueden ser resueltos por suspensión condicional a proceso o mediante acuerdos reparatorios, muchos de ellos son llevados a procesos más largos, incluso al juicio oral.
Por otro lado, revela el documento, delitos como violencia familiar, homicidio doloso, feminicidio o secuestro son los que menos proporción de resolución registran dentro del sistema judicial.
De acuerdo con Causa Común, la tasa de judicialización para delitos que requieren mayor esfuerzo investigativo asciende a 14.6 por ciento, sin que ello se explique por el uso de criterios de oportunidad u otras salidas que concluyen los procesos mediante un enfoque estratégico, restaurativo y/o de acceso a la verdad.
Adicional a lo anterior, a nivel nacional las fiscalías determinan el 33.2 por ciento de todas las carpetas de investigación iniciadas, con independencia de su fecha de inicio.
Con respecto a lo ocurre con aquellas carpetas que no son judicializadas, Causa Común refiere que el 49.3 por ciento corresponde a figuras como el archivo temporal.
Incluso, a nivel nacional, en casos como homicidios (26.1 por ciento) y violaciones (48.7 por ciento) su uso es elevado.
Cabe advertir que los criterios de oportunidad, figura por la que se resuelve el 3 por ciento de los casos, y el procedimiento abreviado, que se aplica al 54.8 por ciento de los casos judicializados, sirven al Ministerio Público como herramientas discrecionales para despresurizar, alcanzado el cierre de los casos.
Sin embargo, aun cuando el código nacional procesal sugiere a las fiscalías emitir reglas para regular su aplicación, desde 2016 existen instituciones que carecen de estas reglas.
Por eso, Luna de la Mora, aseveró que, existen retrocesos en la operación de justicia penal, además, falta de objetivos y estrategias comunes bajo la lógica de un sistema de justicia penal.
“Para mayor uso de la prisión preventiva y desaprovechamiento de medidas cautelares en libertad, se recurre a la persecución penal sin enfoque de priorización y sin criterios claros ni objetivos".
Finalmente, señaló que existe hay un abandono de la Fiscalía General de la República (FGR) a la transición y nulo esfuerzo por fortalecer independencia técnica y profesionalización del personal, además del debilitamiento de las instancias y servicios enfocados en la protección de víctimas.
