El nombramiento de Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un asalto a esa parte del poder judicial y pone el riesgo al país de una politización innecesaria en ese Poder del Estado mexicano.

Para Germán Molina Carrillo, directo fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), resulta alarmante, por eso, durante los próximos meses seremos testigos del inicio de la politización de la impartición de justicia en el máximo tribunal del país.

Además, que, de los casos que legalmente deben ser resueltos aplicando la Constitución y las leyes, la ministra decida llevarlos a la escena pública y se conviertan en temas de las conferencias mañaneras para que el presidente continúe socavando desde ese espacio el prestigio y credibilidad del Poder Judicial de la Federación y todos sus tribunales y juzgados.

El académico de esa institución dijo que, es de llamar la atención que una ministra, cuya función será la de impartir justicia y hacer valer el Estado de Derecho, así como el respeto a la Constitución, desde su toma de posesión, pronuncie un discurso político.

Por eso, alertó que, es peligroso que se asuma como la corregidora del trabajo de un Poder en el que por años y con carrera judicial de miles de abogados, tendrían mejores méritos para ocupar dicho cargo y no solamente la decisión presidencial, que por primera vez en el país hizo posible su designación.

A decir del analista jurídico, una de las tareas de la nueva ministra en la SCJN será preparar el terreno para el momento en que el plan C del presidente y una vez que la reforma constitucional que establecerá que el nombramiento de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial sea mediante el voto ciudadano.

Lo que buscará es que existan las condiciones para tomar el control total del poder judicial, que es último dique que le falta sortear a la 4T para establecer en el país una dictadura sin contrapesos y con un poder centralizado y sujeto a la voluntad presidencial.

“Hago votos porque los ministros que patrióticamente han asumido su papel para defender a la Constitución y al estado de derecho en el país, mantengan su postura y no se dejen intimidar por las amenazas y acoso del poder ejecutivo para que la impartición de justicia se aplique con la ley en la mano y no bajo los caprichos presidenciales en detrimento de los derechos humanos y los principios democráticos del país".

Por eso, Molina Carrillo dijo que, en los próximos meses seremos testigos del inicio de la politización de la impartición de justicia, por eso, reiteró que, su llegada podrá materializar el control del poder judicial que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El director fundador del ICI recordó que, el poder judicial ha sido uno de los impedimentos para lograr sacar adelante las reformas constitucionales y legislativas que ya le han sido aprobadas en las Cámaras de diputados y senadores.

Lo anterior, significa, que la autonomía de los poderes pasa a segundo término porque funcionarios como los que estuvieron presentes, ampliarán su campo de acción ahora a las oficinas del inquilino de palacio nacional.