Ante la posible injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en decisiones dentro del Poder Judicial para la toma de decisiones de parte de ministros, jueces o magistrados, es posible que eso marque un desgate mayor en el movimiento de la Cuarta Transformación rumbo al proceso electoral del 2 de junio.

A decir del director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, al ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, estos hechos revelados lo ponen como el lacayo del presidente.

El problema que alarma, dijo el analista jurídico, es que, seguramente, nadie investigará en cuántos asuntos operó a favor de los beneficios del gobierno federal.

Sin embargo, para los ciudadanos de este país, las declaraciones del presidente López Obrador, al señalar: “todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato, todavía cuando había un asunto así, de este tipo, como la liberación de Emilio Lozoya, nosotros respetuosamente interveníamos”.

Además, aceptó que durante la presidencia de la ministra Norma Piña no habían sucedido casos como la liberación de Emilio Lozoya o el descongelamiento de las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna.

Por donde se analice, dijo el abogado, las declaraciones del presidente no sólo dejan mal parado y exhiben la baja calidad moral y servilismo del exministro Zaldívar cuando presidió la Corte, sino también al mismo López Obrador, por confesar una clara injerencia del poder que representa sin respetar su autonomía e independencia.

"Ahora es necesario revisar, cuáles son las disposiciones constitucionales que violaron ambos funcionarios reconocidos públicamente por el presidente López Obrador", dijo Molina Carrillo.

Por ejemplo, el artículo 17 en su párrafo sexto: Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones 

El artículo 116 en el caso del Poder Judicial de los Estados establece en su fracción III, párrafo segundo que “la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones locales y las leyes orgánicas de los Estados…”

Además, el artículo 122 establece la misma independencia para los magistrados y jueces de la Ciudad de México.

Ante eso, hay un enojo del presidente, quién ahora considera al Poder Judicial como su enemigo y busca por medio de las reformas constitucionales presentadas el pasado 5 de febrero, desaparecerlo y castigar mediante la destitución a los ministros, magistrados y jueces.

A su dicho, insubordinados e incómodos a quienes ha tachado de corruptos y conservadores, sin importar su carrera judicial, antigüedad ni los méritos profesionales y de desempeño que les han permitido ocupar los cargos que detentan.

Pese a lo anterior, y en el ocaso de este sexenio, seguramente no pasará nada y nadie investigará en cuántos asuntos, el ministro en retiro Arturo Zaldívar operó a favor de los asuntos del gobierno de la república contra los enemigos del presidente.