En el caso de violencia política en razón de género del panista Inés Saturnino López Ponce, en contra de la hoy diputada Ruth Zárate, hay que allegarse los elementos de la investigación, pero éticamente no sería lo ideal esa candidatura.
Así lo señaló Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, “hay que revisar cual es el tipo de procedimiento y ahí ver qué pasó con la investigación”, porque el político está en la lista de la alianza opositora para contender por la presidencia municipal de Tecamachalco.
No es lo más optimo que sea considerado como candidato, pero también tenemos que considerar que en materia de derechos humanos existe el derecho a la presunción de inocencia y toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se compruebe lo contrario.
Ante eso, dijo, desafortunadamente, prevalece una situación de impunidad y la investigación no logra una sanción en materia de violencia política, lo que ha sido un reto para las mujeres que están accediendo a cargos públicos.
Por eso, hay que fincar responsabilidades a los que realizaron las investigaciones y a quienes no lo hayan hecho de forma diligente y orientado a la determinación de la verdad porque eso es lo que coloca en disputa esta situación de que lo quieran nombrar para ese cargo público, que lo ideal sería no hacerlo, pero es donde chocan los derechos humanos.
Cabe mencionar que el aspirante a alcalde de Tecamachalco no fue incluido en la lista de personas sancionadas en materia de violencia política de género porque los hechos ocurrieron en el año 2015 y el Congreso del Estado aprobó la ley en la materia hasta el año 2020.
Por eso, la académica universitaria, aclaró que, como en cualquier caso de violencia de género en contra de las mujeres tiene que haber una investigación diligente que permita acercarnos a la verdad y en ese caso, la sanción correspondiente.
Dijo, “los resultados de la investigación es lo que tiene que orientar la determinación de postularlo o no ya que una persona que ha ejercido violencia política en contra de las mujeres y que es acreditado mediante una investigación en la materia no sería un candidato ideal en una representación de un municipio".
Y menos puede ser posible en el contexto poblano, donde existe una alerta de violencia de género en 50 municipios de la entidad y que a la luz del dictamen que se ha emitido por el mismo gobierno solo se ha cumplido con una de las medidas.
“Pero eso lo tienen que determinar a la luz de una investigación en la materia y que se llegue a la verdad”.
Y aunque no se trata de poner por delante los derechos humanos del candidato, sino de los derechos humanos en su generalidad, “se requiere garantizar la presunción de inocencia y en este sentido hay que acelerar los procesos de investigación a fin de que se pueda tomar la determinación lo antes posible”.
Toda persona tendría que estar siendo investigada y de ser así, sancionada, pero también hay que trasladar la responsabilidad a las autoridades encargadas de la investigación para que puedan desarrollar una investigación diligente, con celeridad, que esté orientada a la determinación de la verdad.
