Dado el crecimiento poblacional y la escasez relativa y natural del agua se prevé que, a nivel mundial, incluido México, para el 2025 más de la mitad de la población no disfrutará del derecho al agua.

A decir de la directora del Instituto en Investigaciones en Medio Ambiente “Xabier Gorostiaga” de la Ibero Puebla, Valentina Campos Cabral, “esto quiere decir que se estaría vulnerando la posibilidad de un acceso suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible”.

Por eso, dijo que, en este contexto, recordamos la conflictividad que genera el tema hídrico en nuestro territorio, por eso, un conjunto diverso de actores, organizaciones sociales, instituciones y autoridades realizan acciones varias para resguardar este derecho humano.

Recordó que, el Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo por países integrantes de la ONU con la intención de destacar la importancia del agua dulce y los retos que se viven en su acceso.

Asimismo, señaló que, desde 2002 es reconocido como un derecho humano dada la relevancia para la salud de todos los seres vivos, pero fundamentalmente para la supervivencia de las personas y la sociedad.

El acceso al agua, entonces, aseveró la académica, se considera un derecho a través del cual se materializan los derechos humanos.

Recordó que, en el 2010, la ONU, estableció el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos en su resolución A/RES/64/292.

En este contexto, México la aceptó comprometiéndose a incorporarla en su Constitución Política, lo que ocurrió en el 2012.

Al realizar lo anterior se obligó a que, en un plazo de un año, el Congreso de la Unión emitiera una Ley General de Agua que regulara y estableciera las condiciones para garantizar este derecho a toda la población mexicana, que acotara las diversas facultades para las tres esferas de gobierno y regulara la relación con la iniciativa privada.

Y aunque en México se han presentado varias iniciativas para llevar a cabo un trabajo integral para el cuidado del agua, como la Ley Korenfeld, la ley Pichardo y la iniciativa ciudadana Agua para Todos, todavía es una deuda pendiente para la sociedad.

Lo urgente, dijo Campos Cabral, es considerar los siguientes objetivos: un buen gobierno del agua, una contraloría social, ciudadana y autoorganizada, además de la defensoría del agua y el ambiente contra abusos.

Por eso, dentro de las propuestas, destacan avanzar hacia “el acceso equitativo y sustentable” al agua exigido por la Constitución, reduciendo progresivamente los volúmenes utilizados por los principales concesionarios de cada cuenca y región.

Además de reemplazar la autoridad única de la Conagua, con consejos de aguas y cuencas, compuestos por ciudadanos y pueblos representantes de sistemas de manejo que tengan un enfoque de derechos humanos.

Así como reconoce los derechos de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios e incorporar los dictámenes socio hídricos, que serán elaborados por los consejos, como condición previa a la autorización de cualquier obra o actividad que requiera de una manifestación de impacto ambiental.