El domingo 19 de junio se cumplieron seis meses de la tragedia en la que murieron 30 personas durante las explosiones de ductos de petróleo en San Martín Texmelucan, y a pesar de que decenas de familias damnificadas siguen esperando los trabajos de reconstrucción de sus viviendas, para las autoridades la fecha pasó desapercibida.
Además, a más de 180 días de la tragedia no se ha aclarado con peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR), las verdaderas causas y mucho menos han habido detenidos.
Tampoco la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han emitido un veredicto, por lo que aún no hay culpables de aquel fatídico 19 de diciembre.
Como si fuera una burla, ni siquiera existe un plan de reubicación de los ductos, los cuales seguirán cruzando la ciudad a pesar de las exigencias de los vecinos para que les quiten el peligro de la puerta de su casa.
Ahora la zozobra aumentó porque las casas en reconstrucción aún no tienen ningún servicio, por lo que temen que los trabajos no los pague Petróleos Mexicanos (Pemex) y sí los afectados.
En tanto, las consecuencias sociales y económicas en lugar de terminarse se multiplican en cascada, pues la paraestatal y el gobierno del estado sólo reconocieron como afectados y con derecho a una indemnización a los propietarios de 37 casas y a los deudos de los muertos.
Al margen de pagos quedaron habitantes de los 62 edificios de la unidad habitacional San Damián, propietarios de pequeñas empresas y negocios que operaban en la entonces “zona cero”.
Pemex sólo se ha cubierto los pagos a las personas más afectadas, quienes perdieron sus casas al cien por ciento. Las indemnizaciones alcanzan los 55.2 millones de pesos; sin embargo, han dejado a un lado los daños a terceros.
Malas obras
Marco Antonio Quiroz, empresario constructor afectado por la tragedia, detalló a Intolerancia Diario que en la calle de la llamada “zona cero” no se sustituyeron drenajes ni las tomas de agua de las viviendas y pavimentaron.
“Las mangueras de las tomas de agua no se han cambiado, obviamente con el tiempo van a empezar a salir fugas. El drenaje ni siquiera lo han desazolvado y ya quieren pavimentar, todo porque si lo hicieran como es debido las obras se encarecerían más.”
Asimismo, señaló que en cuanto a la construcción del puente peatonal de la colonia Solidaridad no están haciendo lo prometido, pues en lugar de que se construya a cuatro carriles, están cimentando solo a dos, lo que perjudicará el tránsito en el lugar.
“Estamos inconformes con estos trabajos los 37 vecinos que perdimos viviendas y negocios, por eso nos presentamos con los constructores para exigir que hagan bien su trabajo.”
Ahora pugnan porque sea la paraestatal y no ellos quienes cubran los gastos por la introducción de los servicios públicos.
“Uno tiene que pagar postes y el cableado para que nos llegue la luz; mi mamá lo del agua ya lo pagó y ahora le están pidiendo que si queremos luz tiene que pagar aparte”, señaló Isabel Morales, otra afectada.
Los trabajos en la reconstrucción de la primera etapa del Puente Rojo llevan un avance de 30 por ciento, por lo que el ayuntamiento de San Martín Texmelucan promueve a la par el arranque de la segunda, que comprende la ampliación a cuatro carriles. La intención es que ambas culminen en el mes de agosto.
La presidenta de la unidad habitacional San Damián, Elia Macías Rosete, indicó que las cosas siguen igual para los vecinos de San Martín Texmelucan y ductos de combustible siguen pasando por zonas habitadas por miles de personas.
Además, afirmó que insistirán en la reubicación, ya que no están de acuerdo a seguir durmiendo bajo una bomba de tiempo.
En un documento fechado el 23 de diciembre del 2010, los habitantes de San Damián exigían reparaciones en sus viviendas y la misma reubicación de las casas al estar ubicadas en una zona de peligro; sin embargo, a la fecha nadie les ha hecho caso, a seis meses de distancia nadie les hizo caso.
Habitantes de los 62 edificios de la unidad habitacional, ubicada a menos de cien metros de la zona del desastre, exigen desde entonces ser incorporados a la lista de afectados y recibir el pago correspondiente por los daños a sus propiedades.
Macías Rosete señaló que existen por lo menos diez departamentos con seria afectaciones en dos edificios, con grietas que cruzan las viviendas, pero ninguna autoridad les ha hecho caso alguno.
“No hemos tenido ninguna solución, Pemex sólo se ha dedicado a la ‘zona Cero’ y olvida a los demás afectados. ¿Necesitábamos que se cayera la casa para que nos indemnizaran o al menos nos mandaran a un especialista a revisar?”
Detalló que entre las afectaciones se han encontrados grandes grietas no sólo a los edificios, sino a las cisternas y tinacos de los edificios 16 y 27, fisuras que van de lado a lado de la estructura.
Si bien los vecinos de cuatro edificios que integran la unidad San Damián reconocen que los inmuebles sí fueron inspeccionados por los especialistas enviados por la paraestatal, destacan que no hicieron una revisión a fondo, sino a simple vista.
Pero no todo son problemas de tipo económico o material, sino que hay quienes aseguran que hubo afectaciones a la salud de los pobladores. Tal es el caso de doña Elba, mujer de más de 70 años, afirma que su marido está perdiendo el oído debido a las fuertes explosiones que escuchó durante el día de la tragedia.
“Ese día se escuchaban muy fuertes los tronidos, era una cosa espantosa, de verdad muy fuertes; imagínese que mi marido desde entonces ya no escucha bien de una oreja, pero nadie nos hace caso.”
Claroscuros
La calle 11 de Noviembre —principal de la “zona cero”— hoy luce como una zona en construcción, ya que algunos de los que decidieron regresar reconstruyen sus viviendas, pero aún no terminan.
Virginia Martínez Celis es una de las vecina del lugar que le fue bien en la reconstrucción, ya que antes tenía una casa de dos cuartos hecha de block y techo de cartón, la que habitaba ella con sus papás, y cuatro hijos.
Ahora la mujer —con una indemnización de 260 mil pesos por pérdida total de su casa, más otros 79 mil pesos por pertenencias quemadas— pudo edificar en el mismo terreno una estructura con cinco recámaras, sala, cocina, comedor y dos baños, aunque faltan acabados.
“Muchos se quejaron que no les pagaran lo que exigían, pero a mí Pemex sí me otorgó y hasta me dio de más para hacer mi nueva casa.”
La misma avenida está pavimentada al cien por ciento, gracias trabajos de recuperación de carpeta asfáltica que llegaron a la unidad habitacional San Damián hasta el camino de campos de cultivos donde supuestamente fue la “ordeña” que provocó la fuga trágica.
Pero quienes no corrieron la misma suerte fueron campesinos que viven a menos de un kilómetro de la “zona cero”, quienes jamás recuperaron las pérdidas de sus cultivos y ahora trabajan por recuperar el terreno que se inundó de petróleo.
Filemón Rivas Martínez, propietario de dos hectáreas donde cosecha espinacas, afirmó que Pemex miente al asegurar que su producción no resultó afectada para no pagarle lo que correspondía y sólo le dieron “migajas”.
Afirmó que fueron más de 80 hectáreas y 20 productores afectados en la zona por el derrame del combustible, por lo que ahora trabajan en recuperar la tierra al ya estar limpio el agua para el riego.
“Hubo apoyo económico sólo por nuestras cosechas quemadas en la explosión, Pemex aseguraba que todavía se podían vender el producto pero en las centrales de abastos no quisieron comprarlas.”
“A mi me pagaron 40 mil pesos, cuando la afectación fue mucho mayor por una camioneta que dejé a pie de carretera cuando corría del fuego y que explotó. Me dieron 31 mil pesos, cuando me costó 45 mil.”
La tragedia ocurrió en la madrugada del 19 de diciembre del 2010 cuando la explosión de un oleoducto de Pemex cambió la vida de cientos de habitantes de San Martín Texmelucan, al destruir 41 casas y dañar 83 más.
Tlaxcaltecas damnificados
No sólo los poblanos fueron afectados por la explosión, también habitantes de Tlaxcala han sufrido un vía crucis para que sean reconocidos e indemnizados por Pemex.
Diputados de Tlaxcala aprobaron la semana pasada el proyecto de acuerdo para exhortar al titular de Pemex, Juan José Suarez Coppel, que indemnice a los afectados de la zona sur de ese estado.
En sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el diputado Carlos Augusto Pérez Hernández dio lectura al dictamen que presentó la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Readaptación Social.
En el documento se detalla el siniestro ocurrido por la falla del oleoducto de 30 pulgadas de diámetro, en la zona conocida como Nuevo Teapa-Venta de Carpio, ubicada en San Martin, Texmelucan.
Según el reporte, el petróleo derramado afectó 83 casas habitación de la comunidad de Villa Alta del municipio de Tepetitla, dos puentes, uno de vehicular y otro peatonal; además, 2 kilómetros del río Atoyac resultaron afectados, así como las zonas agrícolas de Nativitas.
“Pese a que la zona del afluente fue limpiada por personal de la paraestatal, el daño ya estaba hecho”, dijo en tribuna el legislador, al referir que pese a la pérdida de la cosecha en aquellos municipios, “hasta hoy en día no han sido indemnizados los campesinos y ejidatarios. Los municipios de Tepetitla y Nativitas no han recibido ningún tipo de apoyo”.
Cuentas claras
El director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, al visitar Puebla aseguró que transparentarán los recursos destinados para la reconstrucción de San Martín.
Cabe señalar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó a la paraestatal revelar el total de recursos erogados para atender la tragedia y detallar su aplicación.
Juan José Suárez Coppel aseguró que Pemex pagó aproximadamente de 148 millones de pesos, de los cuales alrededor de 28 millones de pesos cubrieron las indemnizaciones tanto a los deudos como a las personas que padecieron pérdidas materiales.
Explosiones de San Martín, sinónimo de impunidad
A seis meses de la tragedia, ni PGR, Conagua, Pemex o Profepa emiten sanciones
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Jorge Castillo es un periodista poblano con 22 años de experiencia, especializado en temas de transparencia. Ganador del Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones por sus investigaciones que revelaron la compra irregular de helicópteros por el gobierno del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la estafa de saneamiento de agua en el estado.