La doctora en Historia Patricia Galeana, advirtió que durante los casi doce años de gobiernos panistas se ha colocado en riesgo el Estado laico desde las acciones de gobierno.

El caso más reciente, relató la historiadora, fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló la reforma antiaborto de Baja California que protege el derecho a la vida desde la concepción. La decisión se tomó con el voto de cuatro ministros.

Sobre el tema, entrevistada por Intolerancia Diario, Patricia Galeana —quien participó ayer en el Encuentro de Estudiantes de Historia que organiza el Colegio de Historia de la UAP— señaló que prevalecieron los criterios conservadores en la decisión.

Para Galeana, la discusión se centró en los sólidos argumentos que presentaron una ministra y seis ministros.

“Dieron argumentos muy sólidos de por qué no es equiparable un nonato a una persona humana, que fue la posición del ministro Franco. Hubo otro argumentos importantes como el de la ministra Sánchez Cordero en el sentido de que no es equiparable un nonato a una persona.”

Galeana destacó que hubo una estrategia preparada con antelación desde el gobierno federal, para frenar cualquier iniciativa de carácter progresiva en el ámbito de los derechos de las mujeres.

“Pero evidentemente estaba preparado el terreno; son personas afines a su posición confesional, contraria al Estado laico mexicano. Entonces, el ministro que acaba de entrar votó como el actual gobierno panista esperaba que votara.”

La ultraderecha
La exdirectora del Archivo General de la Nación manifestó que con la decisión de la Corte se abre la puerta a otras reformas en los estados de la República.

“Esa es la intención evidentemente de los grupos de ultraderecha: revertir los avances que se han dado en la materia; constitucionalmente no puede revertirse porque ese es un caso que ya fue dirimido en la Corte y la Corte declaró su constitucionalidad, entonces la única forma que esto podría revertirse es si lograra una mayoría de posiciones conservadoras en las legislaturas de los estados.”

Galeana resaltó que con el criterio de la Corte se instituye el “pecado” como norma de derecho, siguiendo las creencias de una confesión religiosa, lo que se encuentra muy alejado del sentido laico que indica la Constitución.

La también presidenta de la Federación de Mujeres Universitarias dijo que en la discusión se presentaron argumentos muy significativos como el de la ministra Olga Sánchez Cordero, la cual expresó los derechos de las mujeres, basados en la idea de que no puede haber ciudadanas de segunda o de que una legislatura estatal pasará por encima de lo que dice la Constitución.

La solidaridad
Mujeres de Baja California solicitaron la solidaridad de feministas y activistas poblanas en torno a la resolución de la Suprema Corte, ya que la decisión genera incertidumbre jurídica entre las mujeres bajacalifornianas, no dejando claro si usar el DIU, anticonceptivos o la Pae, Pastilla de Emergencia, es o no delito.

Baja California es el segundo estado a nivel nacional con mayores índices de feminicidios y aún así tienen años criminalizando a las mujeres por su función reproductiva.

La reforma que protege la vida desde la “concepción” abre la posibilidad de penalizar el aborto en cualquier momento de preñez y en cualquier situación, más esto no es aplicable si no se modifica el Código Penal de Baja California, señalaron las mujeres de grupos como Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Centro de Servicios, Colectiva Feminista Binacional, AvalonLes, No+Sangre Tijuana y Colectivo Intransigente.

“Las mujeres bajacalifornianas estamos indignadas porque el fallo de la Corte legitima las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres en el estado, que desde el caso Paulina han venido sucediendo. Hay un profundo desprecio a la vida de las mujeres. Cuando se “encuentran” cadáveres de mujeres en el asfalto, inmediatamente se le vincula con la delincuencia organizada sin investigar si es un femicidio o un homicidio común.”