El informe “Mujeres privadas de su libertad. ¿Mujeres sin derechos?” reveló el acoso que sufren las reclusas y sus familiares en los centros penitenciarios de Puebla, ya que sufren constantes agresiones de carácter sexual e incluso son forzadas a tomar anticonceptivos o pedir permiso para embarazarse.

El estudio elaborado por Asilegal y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ descubrió que en un promedio 7 de cada 10 mujeres sufren este tipo de agresiones, la mayoría de estos por parte de las mismas autoridades.

El estudio enlista los abusos a los cuales son sometidas las mujeres al ingresar en prisión, y van desde la tortura para declarar hasta violaciones, corrupción y tolerancia hacia la violencia a las mujeres. Además, informa sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad en Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro.

Luis Jorge de la Peña Rodríguez, representante de Asilegal, señaló que el acoso sexual es constante, como manoseos, “piropos”, incluso a las familiares del sexo femenino que acuden a las visitas en los centros de readaptación social (Cereso) de Puebla.

El estudio presentado en la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla señaló que hay recluidas 226 mujeres en la ciudad de Puebla o Cereso de San Miguel; 22 en Cholula; 21 en Tehuacán y 13 en Huachinango.

En Puebla capital por lo menos 67 por ciento de las mujeres recluidas por distintos delitos tienen menos de 40 años, lo que —según el estudio— las hace más vulnerables a agresiones de carácter sexual.

“Existe una constante violación a los derechos fundamentales de las mujeres en temas como alimentación, salud, educación, trabajo, derechos sexuales y reproductivos en los centros penitenciarios de todo el país”, dijo el especialista.

Sin derechos
El informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en México fue elaborado por la UIA Puebla, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Asilegal.

Descubrieron que mujeres son sometidas a una anticoncepción forzada, sin que haya valoración por parte de los médicos sobre si el método es adecuado y compatible con su cuerpo. Ni siquiera se les brinda información acerca de los beneficios o efectos de los anticonceptivos, los que se les aplica por la fuerza sin importar si dan su consentimiento las reclusas.

Los datos se basaron en informes de la Comisión de Derechos Humanos estatal y en entrevistas de los organismos con los que se analiza la situación que viven grupos vulnerables en reclusión.

Se informó que verificaron que en Puebla las reas que desean embarazarse deben presentar una solicitud al Consejo Interdisciplinario que regula cada centro, con la finalidad de autorizar el embarazo.

“Para tener acceso a dicha autorización valoran cuestiones a todas luces discriminatorias como estabilidad económica, duración de la sentencia, edad, así como el estado civil.

”En centros de reclusión penal en los estados de Guanajuato, Puebla, Guerrero y Querétaro algunas mujeres señalaron haber sido presionadas para realizar actos sexuales a cambio de dinero”, destacó de la Peña Rodríguez.

“El sistema carcelario está pensado, construido y manejado por y para los hombres; las mujeres, a diferencia de ellos, son consideradas una adhesión irremediable a la que deben dar un espacio.

”Todo sin procurarles (a las mujeres) condiciones adecuadas para el ejercicio y el goce de sus derechos humanos, especialmente a la salud sexual y reproductiva.”

Y es que los centros de reclusión penal no contemplan servicios ginecológicos permanentes y no brindan atención sobre salud sexual y reproductiva; carecen de acceso continuo a métodos anticonceptivos, medicina gineco-obstétrica y planificación familiar.

En lo que respecta a la visita conyugal, es utilizada en muchas ocasiones como forma de control sobre las mujeres en prisión.

“De esta forma, puede darse el caso en que a una mujer se le sancione con seis meses sin derecho a visita íntima por el simple hecho de cambiar de pareja.”

El texto
En el texto quedó en evidencia que en México sólo haya 10 centros femeniles con capacidad para mil 564 mujeres, es decir, 4.5 por ciento del total de internas de nuestro país.

“Este documento destaca principalmente la situación de discriminación y las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad.

”A través de los datos analizados y diversos testimonios se enmarca la existencia de un sistema penitenciario que no respeta ni hace justiciables los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia y que fundamenta su actuar en la resocialización mediante un doble castigo: el aislamiento y la violencia institucional, y la disuasión (castigo vicario)”, se lee en la presentación del libro.

Entre los datos que dados a conocer se detalló que en México 10 mil 447 mujeres están presas y sólo existen 10 centros femeniles con capacidad para mil 564 mujeres, es decir, 4.5 por ciento del total de las internas, el resto son adheridas a sistemas carcelarios para hombres sin procurarles condiciones adecuadas para el ejercicio y goce de sus derechos humanos; por lo anterior, muchas de sus garantías son condicionadas a cambio de favores sexuales.

Luis Jorge de la Peña detalló que en nuestro país 43 por ciento de los presos están en prisión preventiva, en suma, no se les ha dictado sentencia y existen casos que están con este estatus entre 10 o 15 años. “Además, estas personas están en los mismos espacios que ocupan aquellos que recibieron sentencia, lo que implica graves riesgos.”

Por su parte, Celine Armenta dijo que la realidad que retrata el libro es “vergonzosa”, “página tras página nos va mostrando la realidad más vergonzosa porque sería mucho cinismo leer el libro y no sentirse mal.

”Aunque no queremos acabamos siendo cómplices de un abuso sostenido cometido a unos cuantos metros de nuestra sala o auditorios”, dijo. Por lo anterior, destacó la importancia de difundir este tipo de textos y actuar al respecto.

En tanto, Noé Castillo Alarcón consideró que este libro retrata “el lastre de una tenaz cultura patriarcal, la precariedad de una realidad que no ofrece márgenes de maniobra, una abrumadora ignorancia social.

”El fracaso del modelo penitenciario de readaptación social y la ineficacia de un Estado que cada día evidencia su incapacidad para hacer respetar los derechos humanos de su población.

”Peor aún, si se trata de mujeres en reclusión, para quienes esa incapacidad significa corrupción y complicidad flagrantes.” Finalmente, lamentó que la dinámica política en curso no permita pensar en modificaciones sustanciales y prontas sobre el tema.


El dato
En Puebla: 282 mujeres presas
Centro de Reinserción Social de Puebla: 226 mujeres (80%)
Cholula: 22 mujeres
Tehuacán: 21 mujeres
Huauchinango: 13 mujeres (5%)