El decreto de ley para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos en México, firmado, es una muestra de lo que debe de ser el periodismo, afirmó el ex juez español, Baltasar Garzón.

Ponente en el Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, Garzón reconoció que el ejercicio periodístico en países como México “es una situación delicada” con más de 80 asesinatos en 10 años.

Refirió que la situación de los periodistas frente al crimen organizado depende de los sitios y de la incidencia de este último, pues en países como Colombia e Italia anteriormente o zonas de conflicto como Afganistán e Irak, es un ser incómodo.

Ante ello, manifestó que la protección tiene que ser nacional, con leyes protectoras e internacional, cualificando estos crímenes como de lesa humanidad y protección especial para que los perpetradores “sepan que va a haber una sanción dura”.

Previo a su conferencia “El periodismo frente al crimen organizado. ¿Cómo proteger la profesión en un escenario en conflicto?”, anotó que sin embargo, los medios de comunicación hacen lo que deben de hacer, de forma imparcial e independiente.

Luego, sostuvo, no son los medios de comunicación quienes deben de establecer mecanismos de protección, sino las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pues cuando se trata de periodismo de investigación, se asume un riesgo fundamental.

“El punto de decir que el periodismo de investigación o los reporteros son casi una raza extinguida, no sólo en México, sino en aquellos países donde el periodista escribe, y recibe las consecuencias inmediatamente”, dijo el también director del foro.

“Para evitar que pierda la sociedad al dejar de recibir la información, se tienen que dictar normas que protejan a los periodistas, con leyes que no restrinjan su labor ni la libertad a una información veraz y libre para todos”, expresó.

En la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el secretario general de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, inauguró el evento ante funcionarios españoles, autoridades federales, del estado y municipales