Al solicitar información para entregar las tarjetas de acceso al metrobús se violó la ley federal de protección de datos personales, ya que no se mostró algún aviso de privacidad como lo marca la norma, señalaron especialistas.

El mismo secretario del Transporte (ST), Bernardo Huerta Coutolenc, reconoció que la empresa Heureka fue la que solicitó y continúo recabando datos a los ciudadanos, para la entrega de las tarjetas de prepago.

Por lo tanto, Lilia Vélez Iglesias, presidenta de la Asociación Mexicana de Acceso a la Información (Amedi) capitulo Puebla y Jorge Machuca, representante de México Infórmate en el estado, coincidieron en señalar que se violó la ley federal.

Ahora ciudadanos que no estén conformes con que se les hayan solicitado sus datos personales, podrán acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a presentar denuncia.

Los datos
Cabe recordar que durante el primer día de la entrega de las tarjetas para el RUTA, se exigió la credencial del Instituto Federal de Elector, aunque posteriormente ya no se pidió solamente este documento, sino cualquier identificación con fotografía.

Bernardo Huerta indicó que la empresa fue la que estaba solicitando los datos, con lo que tal vez sin querer, también la estaba culpando de estar violando la ley, la que marca que se debió presentar un aviso de privacidad para que los ciudadanos estuvieran seguros que sus datos personales fueran mal utilizados.

Sin embargo, sin este requisito de ley se llenaron formatos con datos de las credenciales de elector, apuntando número de folio, domicilio del usuario a un número indeterminado de pasajeros, datos que aun están en poder de la empresa.

Pero no solo se les pedía a los solicitantes la credencial para votar, sino de la misma se apuntaba el nombre, la dirección, número de teléfono fijo y de celular, correo electrónico, edad, género y finalmente se pidió la firma.

Luego de que medios de comunicación documentaron la anómala situación, llegó una llamada de oficinas centrales de la dependencia para frenar la toma de datos de la credencial para votar, el formato muestra claramente un espacio para el número del IFE.

Así fue, como cientos de usuarios entregaron su credencial, mientras los empleados apuntaban, para entregar la tarjeta del metrobús sin mayor problema y el usuario ya se iba contento.

Intolerancia Diario documentó cómo los formatos expedidos por la ST, llamados “Control de registro entrega tarjeta sistema RUTA- Ciudad de Puebla”, solicitaba toda la información arriba detallada.

La violación
En entrevista para Intolerancia Diario, tanto Lilia Vélez, como Jorge Machuca, señalaron que la si la empresa —como lo afirmó Bernardo Huerta— fue la responsable de solicitar los datos, está violando la ley.

Asimismo señalaron que tendría que ser la misma empresa o la Secretaría del Transporte, la que aclare dónde se encuentra esta información.

El representante del organismo México Infórmate, Jorge Machuca, señaló que es muy importante esta aclaración, ya que de ello depende si se aplica la ley del estado o la federal en este caso.

Sin embargo, señaló que en la ley de transparencia estatal existe un vacío legal, ya que no se ha legislado en la protección de datos personales en Puebla.

A pesar de esta laguna, se podría aplicar el artículo nueve de la ley de transparencia, en la que marca que los sujetos obligados —como la ST— si están administrando o generando datos, son responsables de su resguardo.

 “Pero como en este caso, si el gobierno se desmarcó —con declaraciones de Bernardo Huerta— y es la empresa la que mueve el asunto, primero debe mostrar el aviso de privacidad para solicitar la información a los ciudadanos.”

Señaló que aunque ahora solo se esté pidiendo el nombre de la persona es un dato personal, por lo que debe haber garantía de resguardo y una base de datos.

“En el aviso de privacidad se debe tener identificada la sede de la empresa, tiene que salir el nombre de la persona responsable de esa información, para que el ciudadano pueda ejercer los derechos de acceso a sus datos personales.”

Lo anterior quiere decir, que la ley federal de protección de datos personales protege al ciudadano a tener accedo a sus datos e inclusive a su derecho de cancelación.

“Si una persona no está de acuerdo, aunque ya haya dado sus datos, tiene derecho a pedir que lo quiten de esa lista o base de datos, pero primero tiene que saber qué empresa fue la que tomó su información.

”Es bien importante distinguir quien lo maneja, es importante saber quien los maneja, así sea un solo nombre”, señaló al insistir que la ST debe aclarar quién tiene la información que se tomó, independientemente del número de personas.

Explicó que toda la protección de datos tiene un origen constitucional en el artículo 16 que es el que reconoce la protección de la información de los ciudadanos por medio del llamado ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición): “Es importante que la empresa confirme o desmienta la posesión”.

La ley federal de protección de datos personales, señala que la empresa tuvo que mostrar —en este caso a los pasajeros— un aviso de privacidad antes o en el momento de la solicitud de datos, lo que no se ha hecho.

Por su parte Lilia Vélez, señaló que los datos que se recabaron solo pueden usarse para fines vinculados con el metrobús, ya que si se utilizan para  otro fin, la fracción VIII y IX del artículo 97 de la ley de transparencia vigente señala lo que genera responsabilidades de datos personales

“Valdría la pena recordar que el Congreso se comprometió a legislar el tema y no ha cumplido”, señaló la especialista en temas de transparencia

—¿No era necesario que la empresa presentara el aviso de privacidad como lo marca la ley, porque finalmente la Secretaria del Transporte reconoce que la empresa es la que pidió la información y no ellos?

—Sí fue la empresa sí, debía tener aviso de privacidad y lo regula la ley federal.

—Sí, así lo reconoció Bernardo Huerta.

—Entonces es obligatorio el aviso. Y podría en algún momento presentarse queja en el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública).

—¿La queja la tienen que presentar alguno de los ciudadanos a los que lo solicitaron?

—Sí, se puede decir que recabaron datos sin presentar aviso y por lo tanto incumplieron la ley federal— dijo Vélez Iglesias.

Las contradicciones
La semana pasada el secretario del Transporte, Bernardo Huerta, culpó a la empresa que se contrató para repartir las tarjetas de acceso al metrobús de solicitar la credencial del Instituto Federal Electoral.

En entrevista radiofónica, el funcionario reconoció que se regalaron tarjetas de acceso al metrobús con la condición de proporcionar datos personales de la credencial para votar con fotografía.

 “Las tarjetas se están entregando sin requisito alguno”, ya que manera inmediata se solicitó a la empresa que ya no aplicara los cuestionarios de datos personales, dijo Huerta Coutolenc.

“No se quiere que esto no se perciba de una manera equivocada, por lo que los ciudadanos podrán recoger sus tarjetas sin  presentar documentación alguna”, señaló en entrevista para Radio Oro.

Pero el subsecretario del Transporte, Carlos Manuel Zurita García, reconoció que se sigue solicitando alguna identificación al pasajero, con la excusa de que si la pierde, pueda recuperar su saldo.

“Tuvimos alguna confusión al inicio de la distribución, del proveedor que pidió como manera de identificación la tarjeta de elector, pero para evitar confusiones y especulaciones, preferimos quitarlo.

”En realidad lo único que tienen que hacer es identificarse de alguna manera como lo puedan hacer, para acreditar el nombre de quien está recibiendo la tarjeta.

”Esto tiene una razón, en el momento en el que le pongan saldo a su tarjeta y al llegar a registrar, podría recuperar este saldo, si no tenemos el nombre de la persona que perdió la tarjeta no habría modo de recuperarlo.”

El funcionario señaló en entrevista para Televisa Puebla, que se han repartido 160 mil tarjetas de acceso hasta el pasado lunes por la noche.

Por lo tanto, informó que se entregarían gratuitamente otras 40 mil, 10 mil de ellas a personas de la tercera edad y discapacitados por medio del DIF estatal e Inapam y en las rutas alimentadoras del metrobús.