Mientras continúan las labores de construcción de sólo una de las torres del teleférico en la zona del Servicio Valdés, alumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) preparan el séptimo amparo contra el proyecto del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

En tanto, el Comité Defensor el Patrimonio Histórico (CDPH) ha interpuesto un recurso de revisión ante el Consejo de la Judicatura Federal para que analice la determinación de la juez noveno de distrito a favor del gobierno.

Asimismo, en un escrito exigen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que ponga sellos se clausura en las dos torres, sobre todo en la que continúa con los trabajos.

En un recorrido de Intolerancia Diario por esta edificación, ubicada en la 14 Oriente y el buevar 5 de Mayo, se comprobó que en el lugar había por lo menos siete obreros resguardados por al menos dos elementos de la Policía Estatal.

Uno de los encargados de la obra señaló que estos días han estado desmantelando la torre, sin querer dar más explicaciones.

El nuevo amparo
El abogado el CDPH, Lucio Ramírez Luna, informó que prepara una nueva solicitud de amparo para frenar toda la obra, de parte de alumnos de la maestría en Antropología Histórica de la UAP.

Este será el tercer juicio de amparo en contra de la obra emblemática del gobernador Rafael Moreno Valle, en donde se pide frenar los trabajos del transbordador. Los otros dos juicios son del CDPH.

Ramírez Luna anticipó que los alumnos de posgrado preparan el juicio de amparo con el objetivo de parar todos los trabajos del transbordador.

“Necesito tres estudiantes, con eso ya suspendemos los demás trabajos, eso espero, si el gobierno del estado insiste, aunque sean 20 amparos, nunca nos van hacer caso porque ya está de rebelde el señor gobernador”, dijo.

Los sellos
El jueves pasado, el INAH “doblegó” al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas al clausurar la obra del teleférico ubicada junto al Centro Expositor.

En punto de las 10:45 de la mañana, cuatro abogados del organismo —tres de ellos procedentes de la ciudad de México— llegaron a la obra para colocar sellos de clausura.

En esta ocasión, a diferencia del pasado martes —cuando se utilizó la fuerza pública para evitarlo, como reveló Intolerancia Diario—, no hubo resistencia y se colocaron los sellos sin mayor problema.

Sin embargo, la orden no fue acatada inmediatamente, sino que —como se comprobó en recorridos— los albañiles continuaron su labor como si los sellos no existieran.

Unos cuantos minutos antes de las 14 horas, la Secretaría General de Gobierno (SGG) emitió un comunicado donde indicó que las autoridades poblanas acatarían el ordenamiento, pero pelearían por revertirlo.

Donde continúan los trabajos es en la torre ubicada en la 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo o Servicio Valdés.

Mientras tanto, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ignoró a los representantes de los medios de comunicación, quienes trataron de entrevistarlo al término de un evento en Azumiatla, sin siquiera voltear a verlos.

Muy distinto fue en esta misma semana en una entrevista donde afirmó que el gobierno del estado actuaba con "la ley en la mano", prometiendo acabar el teleférico en tres meses.

Van con todo
En rueda de prensa, integrantes del CDPH aseveraron que irán ante todas las instancias legales no nada más para frenar la obra, sino también para que haya sancionados, incluyendo al gobernador Moreno Valle Rosas.

Lucio Ramírez, abogado del organismo civil, sentenció que debe haber sanciones por la serie de irregularidades cometidas en el caso del teleférico, que van desde la destrucción de la Casa del Torno en el barrio del Artista.

"Todo debe derivar en sanciones administrativas, penales y políticas, desde un juicio político de la ciudadanía y responsabilidad penal, ya si le toca al señor gobernador, ya pediré a la SCJN una declaratoria para quitarle el fuero desde la corte y no tenga obstáculo en el Congreso de Puebla, responsabilidad sí las hay, pero eso vamos a saberlo cuando se resuelvan los amparos."

-¿Se van a ir con todo?

-Sí, así va a ser. Todo legalmente, obviamente.

“Es mentira, está mintiendo el gobierno del estado", señaló Lucio Ramírez al recordar que esta frase la comentó desde el pasado domingo, cuando afirmó a este medio que el juicio de amparo es improcedente.

Por lo tanto, reveló que ya se ha interpuesto un recurso de revisión ante el órgano colegiado del Poder de la Judicatura Federal para que analice el resolutivo que el gobierno de Puebla dice haber ganado.

Explicó que la juez noveno de distrito no debió ni siquiera aceptar la solicitud de amparo, ya que se trata de una autoridad contra otra, sin haberse agotado todas las instancias entre similares.

Por lo tanto se presentará una queja ante el consejo de la Judicatura, por la actuación de la “togada”, lo que podría entrever una complicidad con autoridades estatales.

Señaló que la mentira es algo reprobable, y es la que ha estado utilizando el gobierno de Puebla, incluido el ahora candidato Antonio Gali Fayad, quien, cuando era secretario de Infraestructura, afirmaba que sí había permisos.

-¿No calculó costo político?

-Quiso medir fuerzas con la asociación y gobierno federal, por esa misma razón dije que los poblanos podemos defendernos.

"Hay que hacer ver que los poblanos no nos vamos a dejar, que vamos a defender el derecho que nos asiste, por eso vamos por las demás torres, vamos a presentar un escrito ante el INAH para que se clausuren las demás", sentenció Rosalva Loreto, presidenta del CDPH.

En cuanto a las amenazas de muerte que ha recibido la académica de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), no quiso hablar al señalar: “Tenemos que resguardar nuestra integridad”.

Rosalva Loreto dejó en claro que la situación no tiene que ver con las elecciones, ya que desde antes de que iniciaran las megaobras morenovallistas pidieron al gobernador reuniones, incluso para aconsejarlo como especialistas.

Aunque el CDPH aplaudió las acciones emprendidas por el delegado del INAH en Puebla, José Francisco Ortiz Pedraza, también criticó que fueran hasta ocho meses después desde que iniciaron los trabajos.

"Hemos sido descalificados y amenazados, estamos todos incluidos. Nos sentimos todos amenazados con un gobierno que no sabe dialogar con sus ciudadanos", dijo otra de las académicas.