Ante las crecientes manifestaciones sociales por la instalación de hidroeléctricas en territorio poblano y sobre el caso particular del proyecto minero de Ixcamaxtitlán, el responsable del proyecto Mesoamérica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría del campus Puebla de la Universidad Iberoamericana (UIA), Jorge Eduardo Morales Sierra, afirmó que esos proyectos no deberían existir porque hay proceso de desalojo de la población: “Es minería a cielo abierto contaminante, impacto ambiental mal establecido y procesos generalizados respecto a minería a cielo abierto”.
Desde su perspectiva, hay una preocupación ética de fondo porque se venden como “industria verde”, pero las hidroeléctricas tienen elementos trascendentales por los que no deberían existir, aunque son disfrazadas en muchas ocasiones porque las manifestaciones de impacto ambiental lo que aprueban es una hidroeléctrica pequeña y su aprobación está en función del proyecto de la micro o mini hidroeléctrica; entonces, generan impactos devastadores.
Ante eso, dijo que esos efectos se presentan en cuatro sentidos: “Uno, modificación de uso de suelo; segundo, que aunque te la venden como energía limpia, son de los principales factores de cambio climático, es decir, todo lo que queda abajo del embalse hay un proceso posterior de emisión de efecto invernadero; tercero, que en los sitios de pase de los ríos hay un proceso de concentración de contaminante, quedan lodos, pero no se ha podido medir y, cuarto, hay un proceso de reconversión de las actividades productivas en donde llegan y se instalan las hidroeléctricas hay un proceso de reconversión de las actividades productivas, desalojo de población, además de violencia generalizada; los habitantes viven procesos de hostigamiento y amenazas, actualmente ligados a defensores del movimiento, que tienen medidas cautelares”.
Por eso reiteró que, más allá de estar en contra como una forma de obtención de minerales, no deberían existir, pero si no existiera otra alternativa se tiene que cumplir con los mínimos requisitos para establecerlas: la consulta pública informada, manifestaciones de impacto ambiental que cumplan aspectos técnicos de información, que no haya irregularidades administrativas, además de la eliminación del hostigamiento y la amenaza contra quienes no están de acuerdo con los proyectos porque los gobiernos estatales lo ven como una medida de seguridad, porque llegan hasta la muerte y lo ven como un problema de seguridad pública normal y no lo ven desde la perspectiva de que son sus acciones las que generan amenazas y hasta asesinatos.
Los permisos
Morales Sierra reveló en entrevista que 25 por ciento del territorio nacional tiene permisos, por eso la instalación de mineras a cielo abierto y de hidroeléctricas debería ser evitable, pero se puede lograr solamente bajo procesos sociales de organización bastante fuertes y de información clara; ésa es la forma como no debería existir la instalación de la minería: “Lamentablemente, en la ley se establece que es de utilidad pública”, pero están demostradas las implicaciones ambientales y a la salud de la minería verde.
Incluso, reveló que en la actualidad la minería está sobre cualquier otra actividad económica, entre otras, está sobre las actividades agrícolas y los asentamientos humanos, lo que permite su proliferación en todo el territorio nacional.
La importancia de la minería
El académico de la Ibero Puebla afirmó que dentro de la ley minera se encuentra un esquema que plantea la minería como de utilidad pública: “El hecho de decir que es de utilidad pública y parte de un proceso de desarrollo a nivel nacional determina que la minería esté por encima de otros usos de suelo en expropiación de tierra, sobre cualquier tipo de agricultura y de tipo habitacional y, segundo, el hecho que se da un auge de mineras y de algunos gobiernos de que no existe problema porque se tiene la minería verde, plantean que los impactos ambientales y sociales pueden minimizarse a través del uso de ciertas tecnologías”.
Incluso, reveló que en la actualidad hay investigadores que pasan a formar parte de la industria minera con procesos sustentables. “Pero lo que ha demostrado en la práctica es que eso es imposible, porque esos procesos de mitigación de efectos ambientales no dan resultados a corto plazo y está demostrado”, por lo que reveló que la ley minera presupone una cuestión de aspecto primordial de las mineras y eso presupone posibilidad de desalojo de la población, incluso que el suelo está sobre cualquier otra cosa: “Hay financiamientos hacia empresas para que generen la minería verde cuando está documentado que eso no es posible”.
Asimismo, dijo que ante la creciente instalación de la minería y de las hidroeléctricas existen procesos de violencia generalizada, desatada en aquellos sitios en que hay procesos de oposición a la instalación de mineras, por lo que aseveró hay manifestaciones de aspecto ambiental que no cumplen con la normativa: “Las comunidades no están informadas, aunque piden consulta pública se dan cuenta de la instalación de la empresa minera cuando tienen el proyecto encima, ya sea en su fase exploratoria o cuando está el proceso propiamente establecido”, finalizó.
Tercera fuente de divisas en México
Para Jorge Eduardo Morales, la minería tiene tanto auge en la actualidad que en México es la tercera fuente de obtención de divisas, como actividad económica legal, por eso hay un boom y fuerte crecimiento: “Su crecimiento económico se debe a los avances en la química y procesos de exploración de la tierra, actualmente se pueden explotar tierras donde antes no era rentable económicamente”.
