En los últimos años, comerciantes, empresarios y ganaderos adinerados del interior del estado se han aprovechado de los recursos federales de diferentes programas de apoyo, con la finalidad de obtener un beneficio personal, dejando sin oportunidad a personas marginadas que verdaderamente lo requieren.

Esto se ha registrado en programas en materia de créditos a proyectos productivos por parte de la Federación y donde, a pesar de que estos programas se encuentran orientados a personas con pocas posibilidades económicas, “los ricos del pueblo” deciden despojarlos de este recurso o, en su caso, quedarse con el dinero.

Así lo reconoció el delegado en Puebla del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), Jorge Arroyo García, quien refirió que a la llegada de la administración de Enrique Peña Nieto se inició un proceso de análisis donde se llegaron a detectar estas irregularidades.

En conferencia de prensa, el delegado poblano denunció que este tipo de abusos de confianza y de poder se registra principalmente en municipios de la Sierra Norte, donde se detectó la mayor concentración de recursos para este tipo de programas y que se enfocaban principalmente en zonas como Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Tlapacoyan, así como Tolola.

Sin embargo, los recursos no llegaron a las comunidades que verdaderamente lo requerían, como los colindantes con el estado de Hidalgo o los que se ubican sobre la carretera Interserrana, como Ixtepec, Coatepec, San José Acateno, Teziutlán, Hermenegildo Galeana o Zoquitlan, ya que todos se quedaron en manos de unos cuantos.

“Quienes accedían a tener recursos no era la gente que requería un apoyo, sino la gente con la que contaba con información y quienes podían pagar proyectos o los estudios para elaborar los proyectos (…) las personas no tenían con qué pagarlo, por eso los ricos se aprovechaban y cuando menos los que tenían más dinero”.

Por ejemplo, en la zona de Xicotepec de Juárez los ganaderos adinerados que cuentan con 2 a 3 mil hectáreas se presentaban ante la delegación para solicitar un apoyo económico acreditando escasez de recursos con el Seguro Popular, logrando que se les aprobaran hasta un millón de pesos.

Esto quitaba la posibilidad a los ganaderos y empresarios que realmente lo necesitaban, y que por falta de información no podían acceder a estos recursos.

El delegado federal refirió que este tipo de irregularidades se han acabado, ya que con la llegada del nuevo gobierno, como delegado se ha dedicado a verificar que las solicitudes de recursos para impulsar proyectos productivos sean específicamente a emprendedores necesitados y no a los comerciantes o ganadores que cuentan con los recursos.

Se han presentado denuncias penales
Estos abusos han tenido sus consecuencias, ya que por lo menos en tres casos los afectados han presentado la denuncia penal por fraude en contra de los supuestos líderes que les tramitan los proyectos y que al final de cuentas se quedan con los recursos.

El caso más sonado es el de Chignahuapan, donde de un paquete de 10 proyectos que fueron presentados sólo tres le fueron aprobados, por cerca de un millón 600 mil pesos, sin embargo, de octubre a la fecha, hasta el momento no han presentado la aplicación de recursos. Como consecuencia, se inició el proceso penal correspondiente, pues se trata de recursos federales, además de que deberán devolver los recursos ya que se ha comprobado que no fueron destinados para ser invertidos.

Sin embargo, esta situación se está registrando en Huauchinango y Atempan, donde se logró evitar que se registre un nuevo fraude. "Que no roben, ningún líder de organización, que los consultores tampoco los roben, porque se desgracia todo el esfuerzo que hace el Gobierno Federal”.

La pobreza extrema en 52 municipios 
Otro de los problemas a los que se ha enfrentado la dependencia, y que ha contribuido a la falta de impulsar proyectos productivos, es el grado de escolaridad, el cual en las zonas donde se requieren de mayor inversión lamentablemente los ciudadanos sólo llegaron a cursar como máximo el cuarto año de primaria.

Arroyo García detalló que este problema de escolaridad se está registrando en los 52 municipios que se atienden en los polígonos de pobreza, así como en las ocho comunidades que han entrado al programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, representando por lo menos 1.5 millones de poblanos que se encuentran en esta situación.

Siendo las localidades de la Sierra Norte y Sierra Negra los que concentran el mayor número de personas analfabetas, pues se está hablado de municipios como Eloxochitlán, Zoquitlán, Tlaola o Chinconcuautla, que cuentan con esta escolaridad de cuatro años como máximo.

“Eran comparables a los promedios en algunos países de África, es cierto, todavía en algunos (municipios) subsisten esos problemas en nuestro país y en nuestro estado, por algo Puebla por la medición de la Coneval se sitúa como el cuarto estado de la República más pobre, con mayor marginación”.

Lamentó que precisamente estos municipios con mayor grado de pobreza son los que cuentan con la menor información posible evitando que estos puntos de la entidad se puedan impulsar. Aseguró que el problema de la pobreza en el estado no es nuevo, ya que desde hace varios años se está tratando de combatir este problema social, manteniéndonos entre los primeros lugares en esta precaria situación.

Fallan gobiernos a los pobres
De acuerdo al análisis sobre las fallas para atender a los pobres, en los dos sexenios pasados las “Reglas de Operación y Procedimientos Normativos” vigentes hasta diciembre de 2013 hacían del Inaes una oficina de ventanilla receptora de solicitudes, que si bien cubría el proceso de evaluación de proyectos, lo hacía únicamente de manera documental y en el escritorio.

No había trabajo en las comunidades, y sin una política de inversión que tuviera un verdadero impacto en la economía social de las comunidades y territorios de mayor marginación, ya que no existía una estrategia focalizada para la orientación de los recursos ni territorial ni de población objetivo ni de actividades productivas.

A lo anterior se sumaba el trabajo ineficiente, y en muchas ocasiones deshonesto, de algunas organizaciones y consultores que presentaban proyectos “clonados”, con firmas y documentos alterados o falsificados, a lo cual habría que sumar los altos cobros por la elaboración y gestión de proyectos, que finalmente afectaban la operación de los mismos. 

Por otra parte, muchos de los proyectos presentados no venían de la población objetivo con escasez de recursos, sino de gente en situaciones económicas favorables que, sin embargo, acreditaban la posibilidad de allegarse recursos del Gobierno Federal con su afiliación al Seguro Popular.

“En el marco de la Ley General de Economía Social y Solidaria estamos aplicando una serie de criterios y estrategias encaminadas a orientar la inversión del Inaes en la entidad, de manera que nos permita cumplir con los objetivos erradicando prácticas como las ya mencionadas, y garantizando que los apoyos lleguen a la población más necesitada.

”Al hacer una revisión de la inversión en los últimos 5 años encontramos que no se orientó hacia la mayoría de los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, ejemplo de ello es el caso de ocho municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que, en su conjunto, en 2013 sólo se recibieron cinco solicitudes con sólo tres proyectos aprobados”.