Aumentos de hasta 400 por ciento en las tarifas, cortes de suministro que violan el derecho al agua y agotamiento de los mantos freáticos son las afectaciones en los primeros años que una empresa privada operó el liquido.

Así lo señaló Rodolfo Garza, representante de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo, organismo civil que ha estado en contra de la privatización del servicio de agua potable desde hace varios años

Rodolfo Garzam junto con Gloria Tobón Echeverry, dictaron una conferencia en el edificio de la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Ambos activistas, que han logrado que se reviertan concesiones del agua en distintos puntos del país, ofrecieron su apoyo y solidaridad a la lucha de los poblanos.

Indicó que el saldo que ha dejado la administración del agua en el mencionado estado del norte del país fue provocado por la empresa Aguas de Barcelona, señaló Gloria Tobón Echeverry.

Dicha empresa española está entre las que se unieron en Puebla —según versiones periodísticas—, junto con Agua de México, para administrar el servicio de agua potable en la zona conurbada.

Incluso, afirmaron que desde 2005 la empresa Aguas de Barcelona tenía en la mira hacerse con el contrato de privatización del agua potable en Puebla.

La conferencia fue dictada para líderes y ciudadanos de las organizaciones que se oponen a la entrega del recurso a la iniciativa privada en la ciudad de Puebla y municipios conurbados.

Informaron que su movimiento logró echar atrás la privatización en Ramos Arizpe (Coahuila) y evitó que en otras urbes como Querétaro, San Luis Potosí, Hermosillo, Jalisco, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria y Zacatecas se privatizara.

En Puebla, extraoficialmente se sabe que el 16 de abril iniciará formalmente operaciones la empresa privada, conformada por tres que se unieron para lograr la concesión.

Hasta el momento en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), cientos de empleados no han sido informados de los planes de finiquito y nueva contratación para la nueva empresa.

Fuentes al interior del organismo descentralizado advirtieron que existe zozobra, incertidumbre y miedo, ya que los funcionarios, desde el director general Manuel Urquiza hasta Jorge Gómez Haro, mantienen las puertas cerradas a toda información de su futuro.

Mientras tanto, directivos de la empresa Aguas de México ya se encuentran laborando al interior de las instalaciones, percatándose de la forma de operar del SOAPAP, mientras llega el 16 de abril, fecha que podrían tomar en sus manos al organismo.

Pero no sería la primera vez que hubiera despedidos en masa en el aún existente organismo descentralizado, ya que a principios de la administración 470 trabajadores fueron despedidos, según cifras obtenidas por este reportero mediante la ley de transparencia en 2012.

La presencia de los inversionistas ha sido aprovechada por directores y jefes de departamentos de algunas áreas del sistema para alentar el “terrorismo laboral” y, con ello, tratar de timar a los empleados. Se sabe que en ninguna parte de las bases de la licitación para adquirir al organismo se estipula que siga el personal existente, por lo que la liquidación es inminente, pero con la promesa en el aire de que serán recontratados.

Desde diciembre, directivos del SOAPAP han hecho “mutis” sobre el tema de la concesión de este organismo descentralizado. Pero en enero, este medio de comunicación reveló que la empresa Agua de México será la que administre al SOAPAP para las próximas tres décadas, según fuentes al interior de la dependencia descentralizada.

Hace unos días al cuestionar a Manuel Urquiza, quien asistió a la inauguración de la exposición “El agua que mueve a México”, organizado por Conagua, sobre cuándo se dará a conocer el dictamen de la concesión, simplemente “fingió demencia”.

—¿A qué se debe el retraso de la concesión y a quién se le va a otorgar la concesión?

—No, no sé, eso si no sé.

—¿Señor, es cierto que los juicios de amparo están parando la concesión?

—Eso no sé, eso no me compete a mí saberlo.

—¿Entonces, a quién le compete señor?

—Yo soy un técnico, no soy un abogado ni nada por el estilo. Soy técnico y me dedico a darle agua a ustedes y a toda la ciudadanía de Puebla y ésa es mi “chamba”.

También los reporteros cuestionaron sobre que los legisladores locales del PRI y del Partido Verde anunciaron que buscarán interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la restructuración de las tarifas del agua en Puebla.

“Mira, eso preferiría (…) estamos hablando de agua en este momento, ese es otro asunto”, dijo el aún funcionario del gobierno de Puebla.

Versiones periodísticas aseguran que Agua de México que opera en la mitad del territorio del Distrito Federal (DF), no será la única que opere el agua en Puebla, sino lo hará junto con otras dos con las que se afilió.

Tres décadas durará la concesión que se otorgue a la empresa que va a financiar y administrar el agua potable en Puebla, según el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de septiembre. De este modo, la concesión del SOAPAP tendrá la vigencia de 30 años, según las bases que emitió el gobierno del estado para la licitación de este contrato.

Para la operación de este servicio se creará un fideicomiso en el cual participará la empresa que obtenga el contrato, el cual debió haberse conformado en la víspera de navidad, para el 24 de diciembre de 2013.

En el documento oficial se detalla que este contrato abarcará la prestación de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, así como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento operación y administración de la infraestructura hídrica de la paraestatal.

Fue el 12 de diciembre de 2012 cuando el Cabildo de Puebla aprobó que el SOAPAP firmara convenios de colaboración con diversos ayuntamientos de la zona metropolitana.